Brasil concedió el estatus de refugiado político al juez Luis Tapia Pachi, quien es procesado por declararse competente para tramitar el caso terrorismo en Santa Cruz. Autoridades de la Suprema cuestionaron los argumentos expuestos por Tapia para lograr la protección en el vecino país.
Fuentes oficiales consultadas por la agencia EFE, habrían afirmado que la concesión de refugio a Tapia se debió a que el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil consideró que en Bolivia puede ser objeto de una ‘persecución’.
Los portavoces del Ministerio de Justicia explicaron que el estatus fue concedido por el Conare en la última reunión que ese organismo celebró a fines de diciembre del 2010 y dijeron que el juez de la jurisdicción cruceña fue notificado la semana pasada, una vez que se cumplieron ciertos trámites burocráticos.
La información fue confirmada en la capital oriental por la esposa del beneficiario, Érika Oroza. «Mi esposo fue perseguido de manera indebida. Es una víctima del Gobierno. En Bolivia no hay separación de poderes ni existe un Estado de derecho», aseveró.
En Bolivia, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Ana María Forest, cuestionó los argumentos expuestos por Tapia Pachi para lograr la protección brasileña.
El 12 de mayo de 2010, el Ministerio Público emitió una resolución de imputación contra la autoridad judicial, por los delitos de prevaricato, desobediencia a procedimientos penales y resoluciones contrarias a las leyes.
La imputación se emitió luego de que se declaró competente para conocer el caso de terrorismo que se sustanciaba y se sustancia en La Paz. El hecho derivó en un conflicto de competencias que incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que transfirió su resolución al nivel de la jurisdicción cruceña.
En julio del 2010, Tapia salió del país y requirió ‘refugio político’ en Brasil. Para ello argumentó que es un perseguido político.
Forest aseguró que en el Poder Judicial los fallos son jurídicos y no políticos y, además, afirmó que no hay presión de ningún poder.
«Creemos, sinceramente, que en la Corte Suprema, como a nivel personal nunca he recibido presión de ninguna naturaleza de autoridad alguna de ninguno de los poderes. Incluso, entre los colegas nos respetamos y no influimos en la decisión de los fallos que dictamos», afirmó.
El Conare informó de que la decisión fue fundamentada en el artículo 1 de la Ley Federal de 1997. Tapia explicó a un medio cruceño que celebró la decisión de Conare y que no callará su voz, que seguirá defendiéndose y denunciando internacionalmente al Gobierno por abusos contra la democracia.
La ministra de la Corte Suprema descalificó el hecho de que cualquier persona que cometa delitos inmediatamente alega persecución política. «Existen proceso contra ex prefectos, jueces, vocales, eso no significa que sea una persecución política», manifestó la autoridad desde la capital del Estado.
Abogados de Marinkovic
El abogado del cívico e involucrado en el caso terrorismo, Branko Marinkovic, fue quien presentó recursos para que el caso radique en la capital oriental, bajo el argumento de que el hecho se registró en la ciudad de Santa Cruz.
