La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Paraguay, por voto unánime, concedió ayer refugio político al gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío. La Fiscalía anunció que perfila tramitar la extradición del acusado, mientras la oposición celebró la decisión sobre el refugio.
Paraguay, con esta decisión, se suma a países como Brasil y Perú que concedieron protección a bolivianos que se declararon perseguidos políticos del gobierno de Evo Morales.
La Conare decidió conceder refugio a la autoridad boliviana, quien se declaró un perseguido político para sustentar su solicitud. «Se tomó la decisión por unanimidad y por fundados temores de persecución y que no tiene garantía de que se va a respetar el debido proceso», expresó la legisladora y parte de la instancia del refugiado, Zulema Gómez.
Cossío huyó a Paraguay, después de que el 15 de diciembre la Asamblea Legislativa lo suspendiera del cargo a petición del fiscal Gilbert Muñoz, quien lo acusó de corrupción en la compra de asfalto. El 24 de diciembre presentó su pedido de refugio y se inició su trámite, previa concesión de un refugio provisorio.
El caso desató pronunciamientos a favor y en contra. El vicepresidente Federico Franco y una Comisión Permanente del Congreso se pronunciaron a favor del pedido, mientras el presidente Fernando Lugo destacó la trayectoria de su país de acoger a quienes piden protección.
El lunes, la diputada Aida Robles renunció a la Conare denunciando presiones para favorecer a Cossío. Gómez informó a La Razón de que su colega estaba en contra de aceptar la solicitud del boliviano.»Recibo con alegría, con humildad y mucha esperanza esta decisión, también lo hago con el más profundo respeto, del mismo modo que hubiese aceptado una decisión contraria», afirmó el suspendido gobernador tarijeño.
Brasil y Perú también concedieron refugios a nacionales que requirieron este beneficio. Uno de estos últimos casos es el del juez cruceño Luis Tapia Pachi y de los unionistas David Cejas y Lorgio Balcázar, relacionados con el caso terrorismo.
El gobierno de Morales, en varias ocasiones, afirmó que el acusado tiene más de una veintena de juicios por más de 39 millones de dólares. La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, viajó a Asunción para facilitar esa información.
En la noche, Suxo informó a la cadena CNN de que, a pesar de la decisión de la Conare, se continuará con los procesos judiciales abiertos contra el gobernador suspendido.
Desde Sucre, el fiscal General, Mario Uribe, informó de que se apelará a los mecanismos legales necesarios para que el acusado comparezca ante la justicia. «Lamentamos sobremanera esta decisión (en Paraguay) y no hace otra cosa que obstruir el proceso y esta vez acudiendo a mecanismos extra nacionales», sostuvo.
El senador opositor Luis Pedraza celebró la decisión de la Conare. «Se trata de una decisión democrática, de una decisión justa en un Estado que respeta su institucionalidad y fundamentalmente respeta los valores democráticos», afirmó.
El oficialismo, por su parte, cuestionó el refugio. El diputado Edwin Tupa dijo, según la gubernamental ABI, que «presumo que ha corrido recursos por debajo para que le den el refugio a Cossío».
Felipe Roberti, presidente de la Conare, informó de que Bolivia tiene derecho a pedir la revocatoria del refugio concedido, poco después de que se sorprendiera al fiscal Muñoz haciendo antesala en la oficina del senador del MAS, Isaac Ávalos.
Situación de su entorno
Pablo Cossío, hermano del suspendido gobernador Mario Cossío, fue remitido a la cárcel acusado de corrupción, mientras que el ex prefecto y hombre de su confianza, Mauricio Lea Plaza, tiene detención domiciliaria. La autoridad que huyó de Bolivia tiene más de una veintena de denuncias en su contra.
Fuera del país
En Paraguay
La Conare concedió refugio al suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, acusado de corrupción. La autoridad boliviana fue ex presidente cívico, diputado nacional por el MNR y ex prefecto, cargo desde el que formó parte del grupo de prefectos opositores al Gobierno.
En Brasil
Tras los hechos de violencia de Porvenir (Pando), el 11 de septiembre del 2008, decenas de opositores al Gobierno y sus familias huyeron a Brasil. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 58 ciudadanos, junto a sus familias, viven en el país vecino bajo el estatus de refugiados. El viernes 14 de enero, la Conare de Brasil otorgó refugio político al juez Luis Tapia Pachi, y a los unionistas cruceños David Sejas y Lorgio Balcázar, vinculados con el caso terrorismo.
En Perú
El 2009, el Gobierno concedió refugio a tres ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003): Jorge Torres, Jorge Torres Goitia y Mirtha Quevedo. Son acusados por los hechos de violencia de octubre del 2003.
Otros casos
Los ex prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y de La Paz, José Luis Paredes, también están fuera del país. El ex presidente Sánchez de Lozada, junto a dos de sus ministros, está en Estados Unidos. Se informó que el ex ministro Hugo Carvajal está en España.
Terrorismo
Branko Marinkovic, Guido Nayar, Pablo Costas, entre otros acusados en el caso Eduardo Rózsa, huyeron denunciando persecución.
Analistas dicen que se deteriora la imagen del Presidente
La concesión de refugio político al gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, en Paraguay, a más de 50 ciudadanos bolivianos en Brasil y a tres ex ministros en Perú deteriora la imagen del presidente Evo Morales a nivel internacional, según coincidieron ayer dos analistas.
«No sólo la deteriora, está cambiando la imagen, la percepción de la comunidad internacional con respecto a la imagen del presidente Evo Morales», aseguró el analista Carlos Cordero. Añadió que antes la administración de Morales era concebida como el gobierno de la esperanza y de la inclusión, pero a cinco años de gestión, el Ejecutivo, dijo Cordero, ha convertido al exilio en una forma de exclusión.
Ayer, la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en Paraguay concedió refugio político al Gobernador de Tarija, suspendido del cargo el 15 de diciembre por supuestos hechos de corrupción.
Al menos 53 ciudadanos bolivianos recibieron el estatus de refugiado en Brasil. El 2009, los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, Javier Torres, Jorge Torres y Mirtha Quevedo se beneficiaron de similar protección en el vecino Perú. Esas concesiones, según el politólogo, Marcelo Silva, no sólo dañan la imagen del Presidente y de su gobierno, sino también del Ministerio Público y del órgano judicial en el país.
«El Presidente debe cuidar su imagen», argumentó Silva, quien añadió que es hora de que el Gobierno sea «más tolerante con la crítica política». Ambos analistas coincidieron en que las resoluciones de la Conare, en el fondo, revelan que en el país existe persecución política contra disidentes.
