La información la proporcionó el subjefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado y presidente de la Comisión de Constitución, Eugenio Rojas, quien añadió que la iniciativa está incluida en la propuesta de Ley de Sustancias Controladas que está en proceso de debate.
«No queremos llenar las cárceles de los que manejan, por ejemplo un kilo, dos kilos, cuando hay personas que manejan una, dos toneladas; esto no creo que pasemos. Por ejemplo (los que transportan) un kilo y (los) que transportan una tonelada no pueden estar penalizados por 20 años, no puede ser; entonces queremos disminuir (las condenas para) aquellos que manejan un kilo», ejemplificó Rojas.
La Ley 1008, aprobada en 1988 en la gestión del extinto presidente Víctor Paz Estenssoro, en sus artículos 47 y 48, establece sanciones para quienes fabriquen y transporten droga, empero no hace una diferenciación de tratamiento judicial. En el primer caso, la norma señala una sanción de cinco a 15 años; y para el segundo una condena de 10 a 25 años.
«En la cárcel están pues los que manejan dos o tres kilos, y las grandes redes que importan o exportan, transportan y trafican (droga) no están en la cárcel, o los que están en la cárcel tienen una sanción igual a los que trafican con 1 kilo (de droga) con 10 ó 15 años, esto hay que debatir», insistió en relación a endurecer también las condenas contra los peces gordos del narcotráfico.
Rojas evitó dar mayores detalles sobre la iniciativa, porque está en pleno proceso de debate entre los ministerios de Gobierno, de Justicia y los viceministerios de Defensa Social y autoridades del Ministerio Público.
Según datos oficiales del Gobierno, entre el 1 de enero y el 16 de diciembre del 2010 se incautó 28,1 toneladas de cocaína y 1.073,3 de marihuana, mientras que 3.660 personas fueron detenidas en la ilícita actividad.
NORMA. La Ley de Sustancias Controladas sustituirá a la denominada Ley 1008. Rojas informó que la propuesta está concluida y lo que hoy se hace es socializarla en la comunidad internacional, entre ellas la Organización de Naciones Unidas (ONU), para garantizar que no vulnere los derechos fundamentales de las personas.
«Nos hemos reunido con Naciones Unidas para mejorar la ley, para que no afecte los derechos fundamentales y el trabajo con otros países», reiteró.
Dentro de la nueva legislación, también se incorporarán mecanismos de lucha contra el narcotráfico como el del informante eficaz, que implica beneficiar a los narcotraficantes que faciliten información que permita desbaratar banda criminales.
«Tendrán que informar ¿quién le ha dado (la droga)?, ¿a quién vende?, ¿para quién trafica? esta gente que lleva dos o tres kilos.
Si ellos nos informan, habrá una disminución (de su condena)», aseguró el legislador. Si proporcionan datos falsos, su condena carcelaria se agravaría, añadió.
Rojas insistió en que para efectivizar la lucha contra el narcotráfico se debe afectar los bienes de los narcotraficantes, porque —sostiene— «desde la cárcel, igual operan».
En consecuencia, «hay que incautar muebles inmuebles, eso hay que trabajar. La idea es atacar a los grandes narcotraficantes», explicó.
La temática de la coca será abordada en otra normativa.
Reclusión por ley 1008
Un 75 por ciento de la población carcelaria en Bolivia no tiene sentencia. Una tercera parte de los presos está como consecuencia de la Ley 1008. En los últimos años ha bajado el número de detenidos, de 47% el 2005 a 30% el 2009. La aplicación de la Ley 1008 es la segunda causa de reclusión en el país.
