Civiles formarán parte del equipo especial que liderará el Ministerio de Gobierno para investigar la corrupción en la Policía, según proyecto de ley del Sistema Disciplinario Administrativo que, además, prevé procesos sumarios y anulación del pago de salarios por faltas graves relacionadas con delitos.
La iniciativa prevé la creación de la Oficina de Control Interno, que estará a cargo del Ministerio de Gobierno e integrada por investigadores civiles además de policiales. Además, se creará la figura de los agentes encubiertos para la investigación y seguimiento de las investigaciones disciplinarias.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el comandante de la Policía, general Óscar Nina, presentaron ayer el proyecto de ley en una conferencia de prensa, donde coincidieron en asegurar que la nueva normativa permitirá afianzar la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.
Hasta el momento, los policías investigan a los propios policías en casos de indisciplina, donde se inscriben hechos como la vinculación de uniformados con delitos. Ahora se plantea «por primera vez una instancia que no es parte de la Policía (para que) investigue a los policías en el marco de la comisión de faltas disciplinarias», explicó el ministro.
En la gestión 2010, la institución del orden y en cumplimiento de su aún vigente Reglamento de Faltas y Sanciones dio de baja a 173 efectivos relacionados con delitos. Los actuales procesos administrativos internos pueden extenderse hasta más de dos años; mientras tanto, los uniformados continúan percibiendo sus sueldos.
«El nuevo reglamento disciplinario permitirá fortalecer el espíritu y principio de disciplina al interior de la Policía, será un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción y para desbaratar los vínculos que existen entre policías y algunos delincuentes», sentenció la autoridad de Gobierno.
La propuesta refiere disminuir los plazos para sancionar y dar de baja a malos policías. En caso de faltas leves, la sanción será inmediata, mientras que la investigación de faltas graves se reducirá a seis meses y de faltas graves de relevancia social y flagrancia a dos meses. La deserción será procesada en un tiempo no mayor a 30 días.
En el caso de flagrancia y casos de connotación pública, «el funcionario policial será suspendido de sus funciones en el día, sin goce de haberes, y sometido a proceso especial, que consiste en un sumario rápido y abreviado que concluirá con la baja», precisó Llorenti.
Nina destacó la importancia de la iniciativa legal. «La Policía contará con un instrumento que le permitirá depurar de sus filas a malos elementos que hacen mal uso del uniforme y actúan en contra de los principios nobles de luchar contra el mal, por el bien de todos», afirmó.
La propuesta de ley fue aprobada en Gabinete y remitida a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación. La iniciativa también plantea que las sanciones son generales, sin distinción de grados jerárquicos de tal manera de mantener el principio de igualdad jurídica.
Ejes de la iniciativa
1.- Los tribunales disciplinarios departamentales tendrán dos salas de audiencia y estarán conformados por vocales permanentes.
2.- La Fiscalía General Policial, Departamental y los Fiscales Policiales gozarán de independencia orgánica, administrativa y técnica.
3.- Al conocimiento del hecho, el Fiscal Policial remitirá antecedentes a la justicia ordinaria, cuando un policía hubiera incurrido en la comisión de un delito o delitos. La pesquisa disciplinaria será paralela.
4.- Durante la investigación y el proceso será sometido a disposición investigativa y procesal, sin goce de vacaciones, ni permisos, ni cambios de destino hasta el final del proceso.
