La oposición planteó ayer la necesidad de mediación internacional en la investigación sobre los casos de supuesto terrorismo y del video-soborno. Legisladores opositores exigieron un juez veedor internacional, mientras que los oficialistas pidieron dejar el tema en manos de la Fiscalía.
El opositor Comité Cívico Pro Santa Cruz planteó la participación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el esclarecimiento de ambos casos, en los que aparecen implicados Ignacio Villa Vargas (El Viejo), además de líderes cruceños y ex funcionarios del Ministerio de Gobierno.
El presidente del Comité, Luis Núñez, advirtió que en caso de que el Gobierno no acepte un juicio internacional, admitiría que armó un «complot criminal» contra la oposición cruceña.
«Están perdidos en la maraña de su complot contra los líderes autonomistas, utilizaron a un ex reo (El Viejo) como testigo clave para encarcelar a muchos bolivianos, y ahora cuándo fueron desenmascarados por los mismos individuos que hicieron el trabajo sucio, dicen que la versión no es creíble. El Gobierno ha perdido toda la credibilidad», arremetió Núñez.
El diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterios, anunció que la bancada opositora acudirá a la Corte Penal Internacional de la ONU para que intervenga jurídicamente en el proceso. «Nos trasladamos a la sede la Corte Penal Internacional (La Haya) para hacer una solicitud formal pidiendo de que se traslade de manera inmediata un juez veedor que pueda acompañar este proceso, ya que no se puede aceptar que la justicia esté manipulada al antojo del Ejecutivo y que se trate de crear falsos procesos», aseveró .
Desde Hungría, la ex pareja del abatido Eduardo Rózsa, Linda Szászvári, informó al diario El Deber que se inició un juicio internacional para esclarecer las circunstancias en que murió este supuesto líder del grupo y acusado de terrorismo.
Familiares de otros involucrados, Mario Tadic y Elöd Tóaso, presos en La Paz, también anunciaron un juicio internacional. Al respecto, la senadora Gabriela Montaño (MAS) afirmó que el Ministerio Público es la única instancia responsable para dictar conclusiones en los casos terrorismo y video-soborno.
«Hay que dejar actuar a la Fiscalía. Hay quienes aseveran que es la voz de una persona (en el video), mientras no se compruebe que es la voz de esa persona, no se puede aseverar que debe ser procesada», afirmó Montaño. El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, consideró que primero se deben agotar las instancias nacionales para luego acudir a un juicio internacional.
Demandarán al Estado
El abogado de Tadic y Tóaso dijo que presentará ante la Corte Interamericana de DDHH de la OEA demandas contra el Estado de Bolivia por torturas.
Exigen a Piérola que respalde su denuncia
Legisladores del oficialismo y de la oposición pidieron a su colega, Norma Piérola (CN), que presente pruebas sobre sus aseveraciones en sentido de que vio un video en el que el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, Raúl, le entregaría dinero al fallecido Eduardo Rózsa Flores.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Lucio Marca (MAS) exigió a Piérola presentar pruebas de su denuncia. «No se puede hacer una denuncia así por así. Hay que respaldar la denuncia con pruebas y luego entregarlas a autoridades», afirmó.
En la misma línea, el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jorge Flores Reus (CN), señaló que el caso terrorismo es delicado y que si existe una denuncia debe ir acompañada con pruebas. «Al momento de sacar una acusación tan fuerte, como involucrar al hermano del Vicepresidente, se debe presentar las pruebas. No tengo ningún conocimiento ni tampoco en la bancada de Convergencia», comentó.
Piérola aseguró que vio un video donde supuestamente Raúl García Linera entrega dinero a Eduardo Rózsa. Ayer, la diputada informó que recibe amenazas del Gobierno. «Me dijeron que si me meto voy a cagar y me anunciaron que mi teléfono está intervenido», dijo.
