El proyecto se encuentra en debate en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de su aprobación por mayoría, el reciente miércoles, en la Comisión de Constitución.
La normativa de 103 artículos, cinco disposiciones adicionales y cuatro transitorias identifica, en su artículo décimo cuarto, una lista de 17 faltas consideradas graves «a ser sancionadas con retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación» y «sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda».
La cuarta establece que se considera una falta grave para la institución «recibir como consecuencia de las funciones policiales, dádivas y otros beneficios personales».
El aún vigente Reglamento de Faltas Disciplinarias y Sanciones de la Policía Nacional, aprobado mediante Resolución Suprema Nº 222266 el 9 de febrero de 2004, incluye una lista de 29 faltas consideradas graves que se sancionan con el retiro definitivo, entre las que no se contempla ninguna referida a hechos de corrupción cometidos directamente por policías.
No obstante, dispone que quienes incurran en la falta de «imponer o aceptar recompensas pecuniarias o en especie por la prestación de servicios propios de su función, dentro de la unidad, o en servicio externo» serán pasibles «a pasar a la situación de disponibilidad de la letra B, de uno a dos años con pérdida de antigüedad», lo que significa que el policía que comete esta falta es suspendido por dos años y, además, pierde antigüedad.
Con la nueva normativa, la sanción, previo proceso, es el retiro o la baja definitiva, que significa «la desvinculación final del ejercicio de la función pública policial con pérdida de grado», según define el artículo 8 del proyecto de ley que sería aprobado la próxima semana en la Asamblea.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Lucio Marca (MAS), explicó que el nuevo instrumento legal será la punta de lanza en el combate contra la corrupción en la Policía, donde existen tres unidades identificadas como las principales afectadas por este delito.
«Existen reportes que en Identificaciones, Diprove (Dirección de Robo de Vehículos) y (la Unidad) Tránsito hay más sumarios de corrupción, pero los agentes encubiertos, técnicos especializados, operarán en todo lugar donde la
Policía cumpla su servicio público. La idea es indagar e investigar todo aquello que signifique romper una disciplina propia de la Policía», explicó el legislador.
El proyecto, en su artículo 47, también contempla la designación de agentes encubiertos para la investigación de faltas graves y determina que «la información proveniente de estos agentes, cuando sea corroborada con otras pruebas, será suficiente para imponer una sanción».
Protestas. El inciso 10 del artículo 14 dispone, además, que es considerada una falta grave sancionada con retiro o baja definitiva de la institución el «instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión».
En este caso, el aún vigente Reglamento de Faltas y Sanciones también identifica como una falta grave pasible a una sanción con la suspensión o la baja definitiva el «realizar, deliberar e instigar a actos públicos que afecten la estabilidad y prestigio institucional tales, como: motines, huelgas, suspensión o repliegue del servicio; en este último sin orden superior».
Otras faltas que según el nuevo reglamento de faltas (que tendrá rango de ley) se sancionarán con la máxima pena en la institución, son la venta de armas y municiones, la deshonra de los símbolos nacionales y de la institución, el trato «inhumano, cruel o degradante» contra los derechos humanos y la retención y uso injustificado de vehículos, valores u otros objetos hallados, recuperados, secuestrados, incautados o confiscados».
La reglamento en proceso de aprobación también establece que los procesos internos de la Policía ahora serán orales y no escritos como sucedía antes y que el procedimiento, desde su investigación hasta la sentencia, durará como máximo tres meses.
Procesos internos rápidos
El proyecto en fase de aprobación establece que los procesos internos de la Policía ahora serán orales y no escritos como sucedía antes. El procedimiento, desde su investigación hasta la sentencia, durará como máximo tres meses.
«En el procedimiento hay dos etapas, una es la investigación y la otra es el juzgamiento. El proceso será oral y público», informó Marca.
