La defensa del ex prefecto dice que la ley fue hecha para dejarlo en la cárcel
Luego que la Ley 007 fuera promulgada el año pasado por el presidente interino, Álvaro García Linera, la nueva norma legal fue estrenada, tres días después, en el juicio contra Leopoldo Fernández por la masacre de Porvenir.
En el acto oficial, que se realizó el 18 de mayo en Palacio Quemado, el Primer Mandatario explicó, entre otras cosas, que la nueva ley «iba a buscar ampliar la protección del ciudadano».
El 21 de mayo, se sorteó a los 12 jueces ciudadanos de donde salieron tres que conformaron el Tribunal. Posteriormente, el 26 de mayo se llevó adelante el juicio oral contra Fernández y otros acusados por la muerte de más de una decena de campesinos en la población de Porvenir (Pando) el 11 de septiembre de 2008.
Por una recusación del Ministerio Público al juez del Tribunal Sexto de Sentencia, el ex prefecto no pudo beneficiarse con la cesación de detención preventiva el 14 de abril anterior.
En la segunda solicitud de cesación, el 16 de junio, el presidente del Tribunal, César Portocarrero aplicó la Ley 007, que en su artículo primero especifica que la detención preventiva cesa cuando «su duración exceda de 18 meses, sin que se haya dictado acusación, o de 36 meses, sin que se hubiera dictado sentencia».
Karlo Brito, abogado defensor de la ex autoridad, manifestó que la Ley 007 debió llamarse «Leopoldo Fernández» porque fue promulgada exclusivamente para afectar los derechos del acusado.
Mario Zapana, uno de los abogados del Comité Impulsor del Juicio contra Fernández, respondió que esas apreciaciones «eran totalmente antojadizas porque toda ley tiene una validez de carácter general y no específica para una persona».
La abogada defensora de las víctimas de Porvenir, Mary Carrasco, esgrimió la falta de argumentos jurídicos de Brito y criticó la politización de sus argumentos antes que una defensa legal. «Que la ley ha sido a la medida de Fernández lo vienen diciendo desde hace tiempo, pero eso no tiene mucha estructura argumentativa. Esa ley, como todas, ha tenido todo un proceso que se cumplió en el Legislativo», concluyó.
Los Reos advirtieron problemas
En octubre del año pasado, las personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de San Pedro, de La Paz, se declararon en «estado de emergencia», contra la Ley 007 que, en su opinión, iba a provocar el hacinamiento carcelario. La demanda llegó hasta la Asamblea Legislativa que aún no se pronunció.
