La aprehensión de Rogelio Gómez Espinoza, Juan Alberto Aquize Rada y Marcos Herminio Mena Vargas se produjo al final de la tarde del jueves y esa misma noche fueron derivados al penal de San Pedro, en La Paz.
Ayer en la mañana, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, los presentó. «Rogelio Gómez Espinoza fue miembro del grupo de jefes y agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DIN). Participó en los preparativos del golpe militar de García Meza, hizo seguimiento y persecución a políticos que posteriormente fueron desaparecidos», explicó.
También informó que esta persona «secuestró y manipuló los cuerpos de Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz», por lo que fue condenado a tres años de cárcel, dentro del proceso seguido por los familiares del líder socialista.
A Gómez Espinoza se le acusó por los delitos de encubrimiento y falso testimonio, al igual que a Juan Alberto Aquize Rada, quien fue agente de la DIN, participó en el recojo, manipulación y secuestro de los cuerpos y posterior desaparición.
Aquize, además, habría mentido y negado información sobre la identidad de Carlos Flores Bedregal, diputado fallecido en el golpe de Estado de García Meza.
Por su parte, de Marcos Herminio Mena Vargas se informó que fue agente de la represión de la dictadura de García Meza y responsable del transporte de los detenidos. «Fue quien transportó los cuerpos de Quiroga Santa Cruz y Flores», señaló Llorenti, y añadió que también deben resarcir el daño civil y pagar los costos judiciales a favor de los querellantes y el Estado.
La detención de estas tres personas se produjo en el marco de un juicio iniciado por la familia de Quiroga Santa Cruz y distintas organizaciones de derechos humanos.
Defensa. Por su parte, el abogado defensor de Rogelio Gómez, Fernando Mealla, negó las afirmaciones de Llorenti y aseguró que en el expediente del caso donde se lo procesó por 20 años, «no existe ningún documento que ratifique que ellos hubieran actuado como dice el ministro».
Negó que haya sido declarado prófugo de la justicia y, por el contrario, dijo que ya fueron condenados a tres años de presidio hace 20 años y beneficiados con la suspensión condicional de la pena. Para el abogado, la detención de su defendido «es un asunto político y no judicial».
