En la querella 4217/2010 planteada por la familia Hernani y Calizaya, parientes de Fidel Hernani y David Calizaya, respectivamente, quienes murieron por impactos de armas de fuego en el conflicto del 7 y 8 de mayo del 2010, se demandó por ambos decesos al ministro Llorenti, al ahora ex comandante de la Policía, general Óscar Nina, al entonces comandante de La Paz, coronel Ciro Farfán, y al viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, entre otras autoridades.
La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, hizo conocer ayer la lista de cinco imputados del caso entre los que se encuentran los coroneles Andrés Américo Romero Rojas, ex comandante de los Polivalentes; Julio Félix Cruz Vera, comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP); Roberto Tórrez Pérez, actual comandante Departamental de La Paz; Carlos Víctor Saravia Amolenco, jefe de Planeamiento de la Policía departamental; y Cristóbal Ronaldo Ramos Aramayo, ex comandante del Regimiento 2 de la Policía.
«Se ha concluido la etapa preliminar y se ha dictado la imputación correspondiente contra cinco jefes de unidades policiales, con probabilidad de ser los autores de los ilícitos de homicidio e incumplimiento de deberes», manifestó la fiscal Yañíquez.
Explicó que la imputación técnica de los fiscales a los miembros de la Policía es provisional y que se presumirá su inocencia mientras dure la etapa preparatoria de la investigación, aunque se la puede modificar.
Cuando se le consultó por qué no se imputó también a Llorenti y Farfán, la fiscal dijo que la comisión de fiscales que investiga el caso ha tomado en cuenta los antecedentes y «en especial, el plan de operaciones de la Policía, escrito por estas autoridades, donde se establece que no deberían utilizar ningún arma de fuego».
Al respecto, el fiscal Carlos Fiorilo, miembro de la comisión investigadora, añadió que el Plan 006 era contundente en la no permisividad del uso de armas de fuego y «si la máxima autoridad ejecutiva da una instrucción, se supone que cada uno tiene que asumir responsabilidades».
Jorge Quiroz, abogado de las familias de las víctimas, cree que la Fiscalía debió sumar en la imputación a las altas autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía.
«Ellos tienen responsabilidad administrativa porque existía un plan de operación que se supone fue autorizado por las más altas autoridades. Además el mismo presidente Evo Morales dijo que él ordenó el ingreso de la Policía a Caranavi», manifestó.
Explicó que la querella de los familiares se basó en datos proporcionados por los dirigentes de Caranavi. Fiorilo declaró que las investigaciones seguirán y que no se descarta que la imputación se modifique o se añada a otros participantes de la incursión policial violenta.
El conflicto de Caranavi
Para pedir la instalación de una procesadora de cítricos, la población de Caranavi bloqueó la ruta Caranavi-La Paz. Luego de 11 días, la Policía intervino con unos 400 efectivos. 21 civiles y 22 policías fueron heridos.
