Estas conclusiones forman parte del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades en Bolivia, difundido ayer por su representante en el país, Denis Racicot.
«En cuanto a posibles muertes extrajudiciales, nuestro informe se refiere a los incidentes de Caranavi, donde los incidentes violentos causaron la muerte de dos manifestantes. Existen indicios de que la Policía recurrió al uso desproporcionado de la fuerza. También subrayamos los casos de la muerte del señor David Olorio, donde existen indicios de aplicación de torturas y que significaron su muerte bajo custodia policial. Hay otros casos de malos tratos en aplicación de la tortura a conscriptos de las Fuerzas Armadas», informó Racicot.
Sobre la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial, el delegado de la ONU afirmó que el sistema jurídico de Bolivia tiene presiones de carácter político y económico.
«Hay presiones de diferente índole. En el sistema judicial de Bolivia existe desde mucho tiempo una politización del sistema judicial. Hay presiones en todo nivel, como en lo departamental, nacional y local. También hay presiones en el sistema de carácter económico e influencia de diferentes partidos políticos», advirtió el delegado.
Sobre estas observaciones, el informe de la ONU en materia de derechos humanos revela que «el sistema de justicia sigue siendo débil, siendo el acceso a la justicia y la alta impunidad los principales problemas». La oficina de derechos humanos de la ONU recomienda al Gobierno de Bolivia, entre otras cosas, erradicar la tortura y los tratos crueles dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía.
«Urge a los ministros de Gobierno y Defensa la adopción de medidas para erradicar el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de miembros de la Fuerza Pública», señala la cuarta de las diez recomendaciones que emitió la ONU a la administración de Evo Morales.
En materia de justicia, el informe recomienda al Gobierno y al Órgano Judicial «la necesidad de garantizar la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo en todos los procesos, incluyendo casos de corrupción». Además, pide que «implementen medidas urgentes y efectivas que mejoren el acceso a la justicia en todo el territorio».
Racicot criticó la exclusión de los pueblos indígenas en la elaboración de leyes estructurales. «Las comunidades no fueron consultadas como en la Ley de Deslinde Jurisdiccional. La consulta debe ser una regla para todo tipo de acciones del Estado», señaló.
La ONU recomienda al Estado
Cumplir
«Reitera la necesidad de cumplir con sus recomendaciones anteriores que no se han cumplido».
Leyes
«Insta a la Asamblea Legislativa a garantizar que todas las leyes aprobadas respeten plenamente las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos».
Violencia
«Recomienda al Estado que implemente medidas eficaces para prevenir la violencia en contra de las mujeres, y en particular que se investigue y sancione a los responsables».
