El diferendo con Chile sobre las aguas manantiales del Silala y del río Lauca debe formar parte del diálogo que empezó para trazar la estrategia para retornar al mar con soberanía, coincidieron los ex presidentes Jorge Quiroga y Jaime Paz, después de reunirse con el mandatario Evo Morales.
«Se tendrá que hablar (de estos temas), pero todo tendrá que formar parte de un paquete. Ambos temas estuvieron presentes (en la discusión), pero tendrán que formar parte de un paquete», insistió Paz, en puertas del Palacio de Gobierno.
Para Quiroga, la reivindicación marítima es el eje del trabajo, aunque no se excluyen otros puntos. «La agenda tiene que ser inclusiva, tiene que tener todos los temas, se tiene que tener una estrategia nacional, una política de Estado», explicó cuando se le consultó en torno al Silala y al Lauca.
Ambos temas están inscritos en la agenda bilateral que La Paz y Santiago inauguraron el 2006. Respecto al Silala, se llegó a un preacuerdo a través del cual el país vecino se compromete a pagar por el 50 por ciento del uso de las aguas hasta tanto se defina la propiedad total, mientras que el caso Lauca se incorporó en la agenda, en la última reunión del 2010.
El ex gobernante Mesa informó que en el encuentro con Morales se habló de ambos aspectos. «El concepto de la relación bilateral es global y por supuesto no se excluye ningún tema, es un tema que por supuesto se ha discutido pero queda en el perfil bajo de la reunión con el Presidente», sostuvo.
Mesa sugirió el fin de semana que el Silala y la demanda marítima sean tratados en un escenario multilateral. «Así, la agenda con Chile se reduciría a 11 puntos», explicó en relación a la agenda de 13 puntos acordada con el país vecino.
Morales y los ex mandatarios Mesa, Quiroga, Paz, Guido Vildoso y Eduardo Rodríguez hablaron ayer sobre la demanda que el Gobierno decidió plantear contra Chile para recuperar una salida soberana al Pacífico.
En la mañana, la diputada potosina Emiliana Aiza, del Movimiento Al Socialismo (MAS), indicó que solicitará una reunión con el titular de la Dirección Estratégica Marítima, Rubén Saavedra, con el objetivo de analizar la posición del Gobierno sobre las aguas del Silala. «En esa reunión se verá cómo podemos evitar que Chile nos siga robando aguas del Silala».
Al respecto, el senador potosino Eduardo Maldonado (MAS) sugirió insistir con el diálogo bilateral hasta obtener resultados. Caso contrario, se debe recurrir a tribunales internacionales para que Chile pague por el uso de las aguas del manantial, dijo.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Celestino Condori, señaló que apoyará toda iniciativa que esté destinada a «recuperar y defender» las aguas bolivianas. «Chile no reconoció eso. Solicitamos a la Cancillería que se consolide una agenda para tratar este tema».
La trampa histórica del Silala
Firma
En la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), el entonces canciller Antonio Araníbar firmó la cartografía boliviana que establece que las aguas del Silala son un río. El Gobierno dice que éste es el principal argumento de Chile para no pagar por la totalidad de las aguas.
Desvío
Bolivia dice que en los manantiales del Silala existen obras de ingeniería en el lado chileno, lo que originó el desvío.
Cívicos rechazan preacuerdo con Chile
El 2009, los gobiernos de Bolivia y Chile firmaron un preacuerdo sobre el uso de las aguas del Silala en Quetena, al noroeste de Potosí.
El documento establece que Chile se compromete a pagar por el 50% de las aguas del Silala, que inicialmente reconoce como bolivianas, hasta la realización de un nuevo estudio hidrológico y cartográfico por el que Bolivia espera captar el pago del 100%.
También declara que ambos Estados estudiarán de manera conjunta el sistema hídrico del Silala para conocer mejor su funcionamiento y naturaleza, y así establecer el porcentaje de aguas de libre disponibilidad que corresponde a cada país. El gobierno de Evo Morales socializa el documento para lograr concretarlo con su par chileno.
Sin embargo, el Comité Cívico Potosinista rechazó el informe y exige el «pago histórico». «Realizar los estudios técnicos correspondientes, como dice el preacuerdo, significaba a su vez la renuncia implícita de la deuda histórica. No confiamos en los técnicos chilenos», dijo Celestino Condori.
