El representante distrital del Consejo de la Judicatura, Felipe Molina, informó que la suspensión fue firmada por el plenario de la Judicatura, integrado por el presidente de la Corte Suprema, Jorge von Borries, Freddy Torricos y Amalia Morales.
La decisión administrativa fue asumida a raíz de que la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca determinó imputar formalmente a ambos vocales por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley en la decisión asumida a favor de Fernández. La denuncia contra los dos administradores de justicia fue presentada por la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Molina explicó que los suspendidos vocales «tienen que asumir su defensa en la vía penal ante la Fiscalía de Distrito y ante los juzgados». Agregó que la resolución administrativa refiere que, mientras no haya una decisión judicial o un fiscal que ponga fin al proceso penal, quedan suspendidos del ejercicio de sus funciones. El 26 de octubre del 2008, los vocales Lowenthal y Fong, integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca, declararon procedente un recurso de hábeas corpus presentado por Leopoldo Fernández y ordenaron su excarcelación del penal de San Pedro y su traslado a la ciudad de Sucre. La decisión pasó a revisión del Tribunal Constitucional que emitió un fallo rechazando los argumentos de ambos vocales.
Gobierno rechazó la decisión
El 2008, el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, dijo que no se acatará el fallo bajo el argumento de que los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y de Gobierno, Alfredo Rada, no fueron notificados legalmente.
