La información la proporcionó la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien explicó que la iniciativa será parte de la futura ley de Gestión Pública que establecerá mecanismos y principios éticos para eliminar la burocracia y crear conciencia de servicio entre los funcionarios.
Bajo las actuales normas, el funcionario público llena cada año un formulario de declaración jurada de bienes y rentas para luego presentarlo a la Contraloría General del Estado. De acuerdo con el artículo 53 del Estatuto del Funcionario Público, vigente desde 1999, los datos que el servidor público inscribe en el formulario pueden ser «efecto de verificación».
«Yo, por ejemplo, puedo ir a declarar que tengo un millón de bolivianos, cinco casas y 20 autos, ¿quién me controla?, nadie», cuestionó la autoridad, por lo que planteó que, «cuando uno hace su declaración jurada ésta debe ser contrastada con documentación», tal como se propone establecer en una futura norma legal.
A través de la página web de la Contraloría del Estado, se puede acceder a la información de bienes y rentas de los funcionarios públicos. En el formulario hay datos sobre los pasivos, activos, patrimonio neto y total de rentas de los empleados.
Las reformas en la administración pública, según Suxo, corresponden a una nueva visión que se quiere aplicar en esa instancia por medio de una ‘revolución del comportamiento’ y la ‘descolonización de la ética pública’.
La Ley de Administración y Control Gubernamentales entró en vigencia en 1990 y, nueve años después, el Estatuto del Funcionario Público. Ambas normas regulan el trabajo del sector, tanto en lo que se refiere a los sistemas de control de los recursos del Estado como a la contratación de personal.
Suxo se refirió a estas normas como ‘viejos modelos de los gobiernos neoliberales’ que deben ser cambiadas. Esa posibilidad, según la autoridad, se planteó en la primera Cumbre de Unidades de Transparencia realizada en Cochabamba, en la que se evaluó también la creación de «nuevos instrumentos» que promuevan la ética pública, la transparencia y combatan la corrupción.
El Estatuto del Funcionario Público fue mal utilizado. «Muchos funcionarios de carrera están más metidos en actos de corrupción y nepotismo», criticó. Se calcula que actualmente en el país hay al menos 150.000 funcionarios en diferentes instancias públicas. Según datos de la Contraloría, el 2005 se registraron 44.338 declaraciones juradas; el 2006, 76.234; el 2007, 135.578, y el 2008 se anotaron 142.029 declaraciones.
Suxo anticipó que su despacho trabajará en la redacción de la ley de Gestión Pública, en la que se incorporará la obligatoriedad de respaldar las declaraciones juradas con documentos. Y espera que la Contraloría también perfile iniciativas para reemplazar las normas vigentes sobre la cosa pública.
Normas de ética pública
La ministra anticorrupción, Nardi Suxo, afirmó que sería importante que los servidores públicos obren bajo normas de ética. Añadió que un servidor público que fue denunciado por corrupción debería renunciar al cargo voluntariamente.
