El anuncio lo hizo la vocal del TSE Dina Chuquimia, quien descartó que el ente electoral impulse la modificación de la Ley de Régimen Electoral, que establece prohibiciones para el trabajo periodístico en las elecciones de autoridades judiciales.
«Estamos aún analizando el reglamento, pero garantizamos que este documento respetará el trabajo de los periodistas y todos los derechos constitucionales de los ciudadanos, que entre esos aspectos tienen el derecho a la información», informó Chuquimia.
Sin embargo, la ley establece cuatro prohibiciones para los medios de comunicación: «No pueden difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral Plurinacional, no pueden referirse específicamente a una o un postulante, en forma positiva o negativa, no pueden generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes y no pueden dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante».
Según Chuquimia, el reglamento que analiza el TSE garantizará el trabajo periodístico en el proceso electoral. «Aún se evalúa cómo habrá un control para que los candidatos no hagan propaganda por los medios, ya que será difícil controlar a los 125 postulantes, porque hasta un anónimo puede hacer campaña», subrayó.
La Constitución Política del Estado, en su artículo 106, garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. «El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información», dice.
Impugnación. Las denuncias de casos irregulares que tengan los postulantes deben ser entregadas a la Asamblea Legislativa en el plazo de impugnaciones. «En ese tiempo, la prensa puede denunciar si algún candidato tiene vínculos con el narcotráfico o corrupción, por ejemplo», dijo.
No sólo los medios de comunicación podrán presentar las impugnaciones en ese periodo, que será establecido por la Comisión Mixta, sino también las organizaciones civiles y cualquier ciudadano.
El presidente del TSE, Wilfredo Ovando, indicó que «una vez que llegue la lista de la Asamblea Legislativa al Tribunal Electoral, no se recibirán más impugnaciones, ya que ese proceso debe concluir en el Legislativo».
Sobre la sanción a los medios, Ovando afirmó que para aquellos que infrinjan una de las cuatro prohibiciones, habrá «inhabilitación para emitir propaganda electoral en los siguientes dos procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato».
Al respecto, el senador Eugenio Rojas (MAS) descartó, por falta de tiempo, la modificación de la Ley de Régimen Electoral y sugirió la creación de un Comité Electoral, en el que se recibirán las impugnaciones de los movimientos sociales, organizaciones de la prensa y ciudadanos contra los postulantes a la elección.
El miércoles, el fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, denunció que las normas violan la libertad de expresión.
Reglamento a plenario
El plenario de la Asamblea Legislativa debatirá la próxima semana el reglamento de preselección de autoridades judiciales. El documento fue aprobado el martes en sus dos estaciones en la Comisión Mixta del Legislativo.
El MSM propone la modificación de la norma
El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, propuso ayer la modificación de la Ley del Régimen Electoral con el objetivo de que los medios de comunicación puedan ejercer un «mejor» trabajo en el proceso de elección de autoridades judiciales. Además, planteó que el proceso de preselección de los postulantes dure 90 días y no 60, como dice el documento.
«Se está prohibiendo a los medios realizar entrevistas para recaudar cualquier tipo de opinión de los postulantes. Ése es uno de los motivos para modificar la Ley de Régimen Electoral», afirmó Del Granado en rueda de prensa en la Cámara de Diputados.
El político, además, propuso la creación de audiencias públicas para conocer las propuestas de los candidatos. «Incluso se debería transmitir estas audiencias por televisión», sugirió.
Sobre el Reglamento Interno de Preselección de Candidatas y Candidatos para la conformación del Órgano Judicial, Del Granado indicó que «hay varias deficiencias en el proyecto. Debe haber 90 días para la clasificación de los postulantes y no 60 días», insistió.
Finalmente, advirtió que, en caso de que el MAS no acepte modificar la ley y el reglamento, convocará a una «movilización de opinión pública, para que el país se pronuncie al respecto».
