Si la CIDH sanciona al Estado por las desapariciones, la pena se individualiza, dice Mendoza
Por incumplir las investigaciones en la búsqueda de los desaparecidos en dictaduras, autoridades del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía General del Estado pueden ser penadas económicamente, de forma individual, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega a sancionar al Estado boliviano.
El fiscal de recursos Milton Mendoza advirtió que, por la inacción de algunos funcionarios militares y del Ministerio Público, se ha truncado la investigación de los archivos que se encuentran en el Gran Cuartel Militar de Miraflores (La Paz) y en otros departamentos del Ejército, las FFAA, el Ministerio de Defensa y el Tribunal Permanente de Justicia Militar, que podrían llevar a dar con el paradero de los desaparecidos de hace 30 años.
Esto llevará a una nueva demanda internacional contra el Estado. «Los familiares de las víctimas pueden recurrir a las instancias del CIDH para que se haga justicia y por incumplimiento de una investigación, habrá un fallo internacional de cumplimiento obligatorio que tendrá como resultado el pago de altas sumas de dinero que vamos a erogar todos los bolivianos», manifestó el fiscal Mendoza.
Las sanciones están establecidas en las disposiciones de Pacto de los Derechos Humanos de Costa Rica y de la propia Constitución Política del Estado, aprobada en febrero del 2008.
Según el artículo 63 de la Convención (Pacto de Costa Rica) que Bolivia ratificó el año 1992, cuando hubo violación de un derecho o libertad, la Corte dispondrá «si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada».
Por estos mismos términos, la CIDH falló contra el Estado Boliviano y a favor de José Carlos Trujillo Oroza el 2002, Renato Ticona el 2007 y Rainer Ibsen Cárdenas el 2010.
Pero además, la nueva CPE en su artículo 113 establece que «en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño».
Esta situación, de acuerdo con la interpretación del fiscal Mendoza, deberá ser resuelta por el Procurador General, que tiene la función de «defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado».
Este proceso identificaría a quienes tenían la responsabilidad de dar la información como en este caso, el ex comandante en jefe de las FFAA, general Ramiro de la Fuente, así como los responsables de la investigación; es decir, el fiscal General Mario Uribe, por ser el garante de la gestión cuando se cometió el delito y el responsable de la designación de la Comisión fiscal investigadora, además del director funcional del caso, el fiscal Iván Montellano.
Un fiscal no da su versión
La designación del fiscal Iván Montellano como director funcional de las pesquisas que permitan dar con el paradero de los desaparecidos durante los gobiernos dictatoriales fue emitida por el fiscal general Mario Uribe.
Montellano, quien reemplazó a Milton Mendoza, es uno de los cuatro fiscales de recursos que hay en Bolivia y, debido a sus recargadas funciones, se abstuvo de dar su versión a La Razón, que incluso le hizo llegar un cuestionario.
