El vicepresidente Álvaro García reinstaló la sesión plenaria pasadas las 16.30, sin contar con un reglamento de consenso porque Convergencia Nacional (CN) y Unidad Nacional (UN) abandonaron la Comisión de Concertación que se formó y empezó a trabajar en acuerdos desde el miércoles.
La mañana de ayer, el senador de CN Bernard Gutiérrez informó de la decisión de abandonar la comisión bajo el argumento de que el oficialismo no cedería en temas centrales como garantizar el derecho a la información sobre los candidatos judiciales.
Paralelamente, un grupo de diputados de la mayor fuerza política opositora desconocía el trabajo de sus correligionarios en la instancia de concertación, que no consiguió llegar al 100 por ciento de consenso. Con este precedente se reinstaló la sesión plenaria.
García, sin embargo, destacó el trabajo que se hizo y abrió el debate al tratamiento del reglamento, pese a la resistencia de la oposición, que reclamaba mayores niveles de consenso político.
La aprobación del primer artículo, que refiere procedimientos y plazos para el proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional, demoró al menos cinco horas.
Gutiérrez reclamó por la libertad de expresión y opinión de los aspirantes, discriminación contra abogados que patrocinen casos de narcotráfico o separatismo y por el derecho de la población a conocer a los postulantes.
«Lo que el Movimiento Al Socialismo está haciendo es generar todas las condiciones para tomar el Órgano Judicial», denunció insistentemente Gutiérrez, mientras el senador masista Eugenio Rojas respondía que en el pasado se elegía a los ministros y magistrados entre cuatro paredes.
El punto sobre la meritocracia, entre otros, centró un acalorado debate. Mientras la oposición insistía en que se debería otorgar mayor preponderancia al currículum académico de los postulantes, el Vicepresidente respondía que el «tener un título no es sinónimo de capacidad».
El Movimiento Sin Miedo (MSM), a través del diputado Fabián Yaksic, insistió en modificar la Ley del Régimen Electoral para garantizar el derecho a la información ciudadana. Parte del artículo 82 de la ley sanciona la divulgación de información diferente a la que difunda el Tribunal Supremo Electoral sobre los candidatos.
En el reglamento se estableció que el proceso de evaluación de méritos y entrevistas a los aspirantes será en audiencias públicas, de tal manera que puedan ser difundidos en vivo por el canal 7 y otros medios de comunicación.
También se acordó ampliar de cinco a siete días el plazo para las impugnaciones a los postulantes. Los bolivianos deberán elegir, mediante voto, a 56 autoridades judiciales, entre titulares y suplentes, de 125 candidatos. El Tribunal Electoral fijó para octubre las elecciones judiciales, que requerirán de un presupuesto de 120 millones de bolivianos.
Hasta pasadas las 3.30 se aprobaron 16 de los 21 artículos del documento que reglamenta la convocatoria, habilitación, evaluación y preselección de postulantes a las judiciales. García valoró el trabajo desarrollado y la apertura a los cambios, aunque la oposición no comparte ese criterio.
Puntos de la norma
Participación
Las comisiones encargadas del proceso se pueden dividir en grupos de trabajo y los legisladores podrán adscribirse a este trabajo.
Medios
Medios que deseen pueden publicar la convocatoria, la lista de habilitados y, por única vez, difundirán las audiencias públicas. Adicionalmente, la Asamblea difundirá la convocatoria en los diferentes departamentos.
Filiación
No deben haber sido dirigentes o candidatos de organizaciones políticas, cinco años antes de la fecha de elección. Tampoco deben tener militancia hasta un año antes de su postulación.
Plazos
Se amplía de 20 a 28 días la presentación de postulaciones, se reduce de 7 a 5 días el período de verificación de requisitos, se amplía de 5 a 7 días el plazo para las impugnaciones y se reduce de 15 a 12 días el tiempo para las entrevistas a postulantes.
Méritos
Están habilitados los abogados de oficio que defiendan a separatistas y narcos, pero no los patrocinadores.
Impugnaciones
Cualquier ciudadano podrá presentar una impugnación. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos dará lugar a la inhabilitación.
Preguntas
Podrán participar de la elaboración de las preguntas para las entrevistas, especialistas jurídicos.
Votación
Se votará por separado para cada institución. Se votará cuantas veces sea necesario hasta lograr 2/3 de voto.
El Defensor ve afectados derechos
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó ayer al vicepresidente Álvaro García que se violan los derechos humanos de los candidatos a cargos judiciales al prohibirles emitir opinión. El artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral prohíbe a los postulantes manifestar opinión. La vulneración de este mandato se sanciona con la inhabilitación.
En una misiva enviada a García, destacó que la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan el derecho a la libertad de expresión, al igual que pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Villena también hizo conocer siete observaciones al reglamento para la preselección de autoridades judiciales. Planteó ampliar de tres a cinco días el período para responder a las impugnaciones, y el número de medios de comunicación que difundan la convocatoria a los cargos judiciales.
También consideró que no es suficiente la autoidentificación indígena para garantizar el criterio de plurinacionalidad y sugirió extender las postulaciones por parte de la sociedad civil y de los pueblos indígenas para cargos en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental.
En la carta, refiere que se debe priorizar la meritocracia y que el requisito de hablar un idioma originario sea reconocido a partir de un certificado que avale un conocimiento básico. Añade que entre los requisitos para el Tribunal Constitucional, se establezca la experiencia como autoridad indígena.
Dentro de las modificaciones hechas al reglamento está el priorizar la meritocracia y permitir a los medios difundir parte del proceso de preselección.
