Cuando el Presidente posesionó el viernes 11 de marzo al comandante de la Policía Nacional, le dio un plazo de 90 días para erradicar la corrupción en la institución verde olivo. Los días anteriores se dieron a conocer las denuncias de narcotráfico en las que se habría involucrado el general (r) René Sanabria, ex director del Cigein.
Ese plazo vence en 30 días y a la fecha el general Ciro Farfán evita referirse a las estrategias que lleva adelante para cumplir con la misión encomendada. «No estoy contando los días, ni las horas, ni los segundos, yo tengo una misión que cumplir y para eso nos hemos trazado ya las metas que se están cumpliendo, de tal manera que en su momento haremos conocer a la opinión pública», dijo Farfán a la agencia ANF, el 29 de abril.
La Razón intentó contactar al jefe policial ayer para más detalles, pero su relacionista indicó que no será posible «hasta el miércoles o jueves», debido a sus recargadas funciones.
Denuncias. En tanto, desde que Farfán asumió como comandante general, continúan los casos de uniformados involucrados con ilícitos. Entre los reportes recientes, figura el caso de un sargento y un cabo, identificados como Edwin Ticona y Román Choque, pertenecientes al Distrito Policial 5 de Potosí, quienes fueron capturados en Aymaya el 1 de mayo por presunta extorsión a propietarios de vehículos chutos.
También se tiene registrado el caso del cabo de Policía Germán L.S., cuya credencial fue hallada la pasada semana en una camioneta que tenía los documentos y las placas clonadas. El uniformado, quien fue denunciado por el dueño del otro motorizado, portaba un documento de la Diprove.
En ambos casos las denuncias fueron planteadas por civiles, quienes observaron las irregularidades en el trabajo que desarrollan algunos efectivos de la Policía Boliviana. A la fecha, el Comandante de la Policía no presentó públicamente su plan de trabajo para erradicar la corrupción de la institución que dirige.
Rige una ley contra los corruptos
El Gobierno promulgó el 5 de abril la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, que crea la figura del agente encubierto, con la misión de investigar presuntos vínculos de efectivos con hechos de corrupción.
