El asambleísta departamental del Beni Óscar Nacif, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), admitió haber recibido de un funcionario de la Gobernación beniana un soborno de 70 mil dólares para aprobar la Ley de Cesación de Mandato de Autoridades Departamentales. Sin embargo, aclaró que devolvió el dinero a autoridades judiciales.
En conferencia de prensa en Trinidad, Nacif expresó su «arrepentimiento» por haber aceptado el soborno y dijo que «reflexionó». «Me dejé seducir por un operador del oficialismo, que es Ronny Paz. Lo que pasa es que hubo un amparo y eso me hizo reflexionar. Como veía que esto era malo, arrepentido vengo a entregar la plata», admitió.
Por su parte, el comandante de la Policía Departamental del Beni, coronel Víctor Maldonado, confirmó el cohecho y que Nacif devolvió 70.000 dólares. «Recibió 70.000 dólares en dos partidas, una antes de la votación y la otra después», detalló la autoridad policial.
Dos asambleístas indígenas, Inocencio Yubánure y Mary Coímbra, denunciaron el 28 de abril que funcionarios de la Gobernación intentaron sobornarlos con 10.000 dólares para que no acudan a la sesión legislativa.
El bloque Primero el Beni, del gobernador Ernesto Suárez, junto a sus aliados, aprobó en diciembre del 2010 la Ley de Cesación de Mandato, pero la sesión en la que se aprobó la norma regional fue anulada por orden judicial.
El MAS impugnó la sesión y se anuló lo actuado en esa ocasión. La iniciativa legal prevé que el Gobernador sea suspendido del cargo previa sentencia ejecutoriada, cuando la Ley de Autonomías establece que la suspensión procede a simple acusación de un fiscal.
Jordán acusa al frente de Suárez
La delegada del MAS en Beni Jessica Jordan afirmó la semana pasada que los montos económicos que se utilizaron en los sobornos son fondos fiscales de la Gobernación beniana. Dice que existen videos del hecho.
‘Es persecución política’
La jefa de bancada de Primero el Beni, Fabiola Leiva, denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ejecuta un plan de «persecución política» para «copar» la Gobernación del Beni, encabezada por el opositor Ernesto Suárez.
«Acá lo único que existe es persecución política del MAS. Quieren la Gobernación (del Beni) a toda costa e inventan sobornos con fines de derrocar al gobernador Ernesto Suárez. No se confía ni en la justicia, ya que está politizada y favorece al MAS», afirmó Leiva a medios de comunicación en Trinidad.
Sin embargo, días antes, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, negó que el caso se trate de persecución política».
La Fiscalía de Beni detuvo a tres personas, una de ellas esposo de Leiva, acusadas de intentar sobornar a dos asambleístas indígenas para que no asistan a una sesión en la que se debía aprobar una ley supuestamente a favor del Gobernador.
La senadora opositora Jeanine Áñez, representante del Beni, pidió la intervención de organismos internacional en el caso. «Se han realizado allanamientos de domicilios extrajudiciales».
