La información fue proporcionada por Fernando Rivera, director jurídico del Ministerio de Gobierno, quien en conferencia de prensa señaló que el funcionario cambió de manera «abusiva» y «arbitraria» las placas de control de un motorizado oficial a otro.
La placa 1034-GBI, que corresponde a un Jeep Toyota del Ministerio de Gobierno, fue colocada a una camioneta azul marca Mitsubishi, que había sido incautada a narcotraficantes.
El vehículo estaba estacionado en dependencias del Ministerio de Gobierno y fue denunciado el lunes por Erbol. Ese medio reportó ayer que el garaje de esa repartición está «lleno» de automóviles que portan una sola placa, ya sea adelante o atrás.
«No es una placa clonada, sino que un funcionario irresponsable le quita la placa a una movilidad del Ministerio de Gobierno y le puso a otra ilegal, ése es un delito, un acto ilegal», explicó Rivera, quien aclaró que no hay matrícula duplicada o falsa. «No se trata de un vehículo chuto», recalcó.
La camioneta fue llevada a la Posta (garaje del ministerio) a efectos de que se la acondicione y se haga todos los trámites para conseguirle posteriormente una placa.
Denuncia. Castro, en su calidad de funcionario de la Unidad de Transportes del Ministerio de Gobierno, habría tenido el primer contacto directo con dicho vehículo. «El Ministerio de Gobierno ya presentó su denuncia ante el Ministerio Público y, a consecuencia de ella, ya prestó su declaración el señor Castro», explicó. Además, precisó que ayer fue citado el resto de los funcionarios vinculados al caso.
«Tengan por seguro que se agotarán todos los mecanismos para que se individualice e identifique a las personas responsables de este hecho», afirmó.
Rivera anunció el inicio de procesos de carácter administrativo así como penales, amparados en la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción «Marcelo Quiroga Santa Cruz», pues se habría cometido el delito de falsedad material, según su dirección.
El caso cobró importancia porque en los últimos días se investiga la existencia de una red de «clonación» de placas que estaría conformada por civiles y policías.
El hallazgo de una camioneta marca Dodge, modelo Dakota y con placa 2288-UUL, similar a la de un motorizado de las mismas características, permitió descubrir a esta red. El hecho ocurrió el 5 de mayo y a la fecha se envió a la cárcel al supuesto dueño de la camioneta irregular, el cabo Germán Loza, ex funcionario de Diprove y ex estafeta del general Ciro Farfán, ahora ex comandante de la Policía, que también es investigado.
Loza fue detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro y Farfán debe declarar mañana.
Camioneta incautada a narcos
Registro
La camioneta Mitsubishi azul fue incautada en territorio nacional porque transportaba sustancias controladas. Se tiene todos los antecedentes de carácter judicial emitidos, es decir, el secuestro, la incautación y la remisión a Dircabi. La matrícula que usaba en Chile es SW-82-72.
La Policía abre investigación a Ciro Farfán
Carlos Flores, director General de Investigación Policial Interna, informó ayer que se abrieron nuevos procesos contra cinco uniformados, entre ellos el ex comandante General Ciro Farfán, por el caso de la placa clonada.
«La Dirección General de Investigación Policial Interna (DGIP) tomó conocimiento de que ampliaron la acusación contra el general Farfán, ex comandante de la Policía para que declare sobre la camioneta con placa clonada», precisó a los periodistas.
Dijo que esa ampliación será sometida a una valoración jurídica por parte de los fiscales, que determinarán si atañe o no abrir un nuevo proceso contra Farfán, que es acusado de ser propietario de la camioneta Dodge, Dakota, con placa duplicada, hallada el 5 de mayo en La Paz.
En ese mismo caso, informó que se abrió un nuevo proceso contra cuatro funcionarios de la Dirección Departamental de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove), intervenida el último 18 de mayo por evidencias de que varios policías están implicados con bandas delictivas.
En ese marco, ayer declararon el ex director de Diprove, coronel Carlos Quiroga; el teniente Carlos Piérola, el sargento Hernán Mayta y el cabo Ramiro Guillan. «En función de ese procedimiento, el fiscal determinará cuál es la falta en la que incurrieron o debe adecuarse a la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana», manifestó Flores.
