De acuerdo con el informe elaborado por la UIF, los ex mandatarios no incurrieron en delitos, aunque el Ministerio Público analiza aún los elementos de convicción para asumir una determinación final, según un reporte de la red televisiva ATB.
«Este elemento de convicción que ha emitido la UIF señala que no se han identificado operaciones sospechosas presumiblemente vinculadas al delito de legitimación de ganancias para los ex presidentes Carlos Diego Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé», afirmó Suaznábar.
Según la autoridad judicial, la investigación continuará para identificar a otros funcionarios que supuestamente aprovecharon los gastos reservados con fines particulares.
Suaznábar, en contacto con la red Erbol, confirmó que el 23 de mayo se presentó una imputación formal contra Marcelo Zalles, ex contralor de la República, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
«La imputación fue presentada después de que salió un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, que indica que en su periodo (de autoridad) adquirió ocho bienes inmuebles, sin tener respaldo documental de aquello», acotó el fiscal.
Además, informó que Zalles no se encuentra en Bolivia —según dijo, hay informes que confirman que el ex contralor está en Venezuela—, por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión.
En junio del 2010, la Fiscalía decidió incluir en la investigación sobre los gastos reservados a las gestiones de los ex presidentes Mesa (2003-2005) y Rodríguez (2005-2006), quienes fueron citados para prestar declaraciones sobre la administración de esa partida destinada a la seguridad del Estado.
Proceso. El 23 de marzo del 2010 se abrió el caso de gastos reservados. El Gobierno de Morales denunció que el ex ministro de Gobierno Guido Náyar entregó a terceros 1,8 millones de bolivianos, y Fortún, con arresto en la cárcel de San Pedro, también fue involucrado por haber recibido 18 millones de bolivianos.
Entonces, el fiscal Róger Velásquez informó que se convocará por edictos públicos a declarar a Náyar, Fortún y a Marcelo Zalles. Dentro de la investigación de los gastos reservados también se encuentran el ex ministro de Gobierno Saúl Lara, y el ex viceministro de Régimen Interior y actual diputado de Convergencia Nacional (CN) Adrián Oliva.
A pesar de esta exoneración, tanto Mesa como Rodríguez continúan siendo investigados por supuesto daño económico al Estado en sus gestiones. El primero es acusado por la firma de un petrocontrato y, el segundo, por el caso de la desactivación y posterior entrega de los misiles chinos a Estados Unidos.
Estos procesos se encuentran en etapa de investigación en la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Incluso, Mesa, junto al ex presidente Jorge Quiroga, fueron a declarar a la comisión legislativa y prestaron informes que supuestamente los libran de culpa en el caso «petrocontratos».
Consejo consultivo
Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez forman parte del Consejo Consultivo que trabaja con la Dirección Estratégica Marítima. Se reunieron con el presidente Evo Morales y apoyaron la estrategia de recurrir a cortes internacionales.
Fortún pidió incluir a ex ministra de Morales
Antes de ser aprehendido, Guillermo Fortún, ex ministro de Gobierno de Hugo Banzer, pidió que Alicia Muñoz, ex colaboradora de Evo Morales en el mismo cargo, fuera incluida en la investigación del caso gastos reservados.
Entonces, el abogado de Fortún, Ramiro Vega, informó que envió un memorial al juez Carlos Guerrero y al fiscal Róger Velásquez en el que solicitó una investigación a la primera ministra de Gobierno de Morales.
«Por qué no están investigando todas las gestiones; desde el 2000 hasta la actual gestión, deben informar cómo se ha descargado los gastos reservados. A mi cliente lo acusan de que no tiene descargos», aseguró Vega el 10 de noviembre del 2010.
El jurista explicó que el Decreto Supremo 27345, en su artículo 10, también indicaba que el control de los gastos reservados debía ser registrado por la Contraloría General cada primer día de mes luego de una rendición de cuentas presentadas por los ministros encargados de los mismos. «Luego de aprobada la rendición, el Contralor ordena su destrucción o incineración de los documentos en presencia del ministro respectivo», argumentó Vega.
