De aprobarse en el Legislativo la ley que transfiere las oficinas de Identificación y Licencias a entidades civiles, los policías jubilados advirtieron con presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque aseguran que este cambio atenta contra la Carta Magna.
«Estamos esperando a que se apruebe la ley. Estamos trabajando con un consorcio de abogados para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Los 185 años (que maneja la Policía Boliviana estos servicios) lo quieren borrar de un plumazo», manifestó el coronel (r) Carlos Camberos, presidente de la Asociación Nacional del Servicio Pasivo Policial.
Dijo que sólo piden «el respeto a la institución y el derecho a la profesión», que se le quiere quitar con la transferencia de ambos servicios.
Camberos se basó en el artículo 251 de la Carta Magna, que establece que la entidad uniformada «ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, conforme a la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado».
El recurso, según el representante de los jubilados, se presentará al Tribunal Constitucional o, en todo caso, «apelaremos ante un órgano judicial competente en el país».
Dijo estar representando a todos sus camaradas del servicio pasivo, pero al mismo tiempo a todos los policías en actuales funciones que por la Ley 101 (de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana) «están amordazados sin derecho a abrir la boca» bajo condena de no recibir sus sueldos.
