— ¿Qué implica una reforma judicial en el marco del proceso de cambio?
— Hay una profunda crisis en la justicia boliviana que viene desde hace muchísimos años, y está marcada por cuatro elementos: primero, una corrupción generalizada, claro no son todos los jueces pero hay una gran mayoría que sí han sido contaminados; segundo, por la retardación; tercero, hay una deshumanización tremenda, ya que en los tribunales se atiende como lo ven vestido a uno y eso es algo que debe acabar; finalmente, siempre hubo un manipuleo político de la justicia. Para construir una nueva justicia hay necesidad de tomar varias medidas, y la primera es la elección de autoridades judiciales por voto directo para así lograr una independencia en todo el Órgano Judicial y crear una justicia más humanizada, directa, pronta y más objetiva.
— En abril hubo un encuentro entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ¿cuáles son los pasos para la reforma?
— Es una tarea de todos, no sólo de un Órgano del Estado. El presidente Evo Morales ha planteado la formación de una comisión de altísimo nivel (para la reforma judicial) que incluya a estos órganos para que de manera conjunta se encare esta labor que no es de un partido político, ni del Gobierno: es una labor de todos los bolivianos.
— El primer paso será la elección judicial, ¿a partir de ahí habrá una reestructuración total de la justicia, de las instituciones y del personal?
— Así es, tiene que darse. Lo importante es que la gran oportunidad que se abre con estas elecciones de octubre es que las máximas autoridades judiciales del futuro sean verdaderamente independientes; tienen ese gran reto. No le van a deber su cargo a un partido político, sino al voto popular. Esas personas tienen la gran responsabilidad de lograr lo que quizá en Bolivia nunca hemos tenido: una justicia más humanizada, directa, pronta y más objetiva.
— Entonces ¿qué va a suceder con jueces, conjueces, funcionarios y administrativos?
— No se puede pensar en una renovación total de manera inmediata, porque la justicia es un servicio público que no puede suspenderse. Las nuevas autoridades judiciales tendrán la responsabilidad de generar un proceso de transición que sea racional, ordenado y rápido, porque es una necesidad urgente construir una nueva justicia.
— ¿Va a haber una transición lenta entonces?
— Necesariamente. Hay procesos (judiciales) que se han iniciado con los códigos antiguos y tendrán que acabar con ese sistema. Todo nuevo proceso empezará con el renovado sistema.
— ¿La Ley del Órgano Judicial también ordena los cambios de códigos y procedimientos?
— Así es. Tiene que haber una reforma de todos los códigos (Civil, Penal, Comercial, Laboral, Familiar) y para ello también está la comisión de alto nivel que se formaría. En junio del 2010, cuando se aprobaron las leyes judiciales, empezó a correr el plazo para esta tarea, que vence en junio del próximo año. Un paquete de leyes va a ingresar a la Asamblea Legislativa el segundo semestre de este año, la tarea es grande y titánica.
— ¿Habrá una reforma total o parcial?
— La Constitución marca nuevos tópicos para la justicia, sobre la base de las leyes como la del Tribunal Constitucional, del Órgano Judicial o de la futura Ley del Ministerio Público. Es sobre estas leyes orgánicas que deben hacerse todas las demás reformas. Hay que adecuar los códigos y los procedimientos.
— ¿Cuánto tiempo tomará para que todas estas reformas sean implementadas?
— Hay una urgencia en cuanto a la reforma penal, civil, familiar y laboral, que son las cuatro áreas del derecho que deberían tener nuevos instrumentos normativos para el próximo año. Pero, por supuesto, hay un margen de reformas que nos llevarán hasta el 2014, o quizá un poco más, para terminar de construir esto que es la nueva justicia en Bolivia.
— Menciona reformas al Ministerio Público, ¿qué se busca con la aprobación de una ley?
— Si bien los fiscales no administran justicia, tienen una directa relación con la justicia, porque defienden a la sociedad, ejercen la función de acusación penal pública y muchos males de la justicia han contaminado al Ministerio Público. Va a haber una nueva ley que, primero, nos permita dar institucionalidad; elegir como dice la Constitución, al interior de la Asamblea, al nuevo Fiscal General del Estado y crear las bases para una renovación total en el Ministerio Público que también traiga esos mismos cambios: transparencia, celeridad, humanización y despolitización.
— Una reforma tiene su costo, ¿cuánto le costarán al Estado boliviano los cambios?
— El costo es casi cero, trabajamos con nuestros propios recursos. En el pasado se entregaba la responsabilidad a expertos y a organismos internacionales y las reformas venían enlatadas, correspondían a otra realidad, por eso muchas no funcionaron.
