Los abogados apoderados de las familias Calizaya y Hernany, que perdieron a sus hijos durante el desbloqueo de la vía a Caranavi el 7 y 8 de mayo del 2010, pidieron a la comisión de fiscales que indaga el caso la ampliación de la imputación contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y los ex comandantes de la Policía Nacional Óscar Nina y Ciro Farfán.
«Hemos presentado una ampliación sobre la imputación formal que ya había hecho la anterior comisión de fiscales y estamos solicitando que se incluya al Ministro de Gobierno y a dos ex comandantes de la Policía», dijo Claudia Lecoña Camacho, quien junto al abogado Jorge Quiroz patrocina a los padres de David Calizaya y Fidel Mario Hernany, los jóvenes que fallecieron baleados en Caranavi.
Quiroz indicó que Llorenti, Nina y Farfán «son los responsables ideológicos» de lo ocurrido, ya que no habrían atendido el problema a tiempo, por lo que se considera que hay responsabilidades que deben asumir. Cuando se registraron las muertes de ambos jóvenes, el general Nina era comandante de la Policía, mientras que Farfán tenía el grado de coronel y, como comandante departamental de la institución, estuvo en el lugar de los hechos.
Llorenti, Nina y Farfán, según el pedido de los abogados de las víctimas de Caranavi, deben ser imputados por los delitos de homicidio, asesinato y lesión seguida de muerte, tomando en cuenta que ya el 17 de agosto del 2010 se amplió la querella criminal contras estas autoridades.
