«Esta es una acción que nosotros condenamos, por cuanto una justicia que no es oportuna no es justicia», dijo Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, institución que forma parte del comité. Entre las chicanas se citaron a las suspensiones de más de 70 audiencias, por enfermedad de testigos, inasistencia de abogados y objeciones, entre otras.
Una vez que se llegue a los 36 meses, este 11 de septiembre, el proceso se extingue si no hay sentencia ejecutoriada y los responsables quedarían libres, según Herrera, quien denunció que parte de este comité sufrió intimidación y persecución por el hecho de buscar justicia para las víctimas.
El juicio oral se inició el 19 de junio de 2010 y a la fecha se concluye con la declaración del último de los acusados, Elvin Ventura, quien era el alcalde de Porvenir (Pando) el 11 de septiembre de 2008, cuando 12 personas perdieron la vida y otras 52 resultaron heridas, según el abogado Freddy Panique, del Comité Impulsor.
Inicialmente, el Ministerio Público acusó a 27 personas por estos hechos, una de ellas falleció cuando se iba a iniciar el juicio, luego se dieron a la fuga 19 involucrados. Actualmente se juzga a siete personas, entre ellas Fernández.
