Esos fondos se reunirán en un presupuesto operativo que utilizarán las instituciones dedicadas a la lucha contra la delincuencia en el país. La entrega y destino de los recursos se hará en coordinación con la Policía Nacional, después de que el cónclave que terminó ayer en Santa Cruz rechazara la propuesta de la Gobernación cruceña de crear cuerpos de vigilancia departamentales autónomos.
La Cumbre, dedicada a reforzar la lucha contra la delincuencia, estuvo marcada por diversas propuestas de los nueve gobernadores asistentes, así como la que hizo el presidente Evo Morales, de aumentar los controles al expendio de alcohol en el país.
Esos aportes fueron debatidos con autoridades de la Policía, Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Defensor del Pueblo y las alcaldías en seis mesas de trabajo referidas al fortalecimiento del sistema normativo, la prevención cultural, el fortalecimiento del servicio policial, la participación y control social en actividades de seguridad y la coordinación de tareas entre organismos nacionales, departamentales y locales.
Anteproyectos. Junto con el acuerdo relacionado con el IDH, será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional un paquete de anteproyectos, entre los que figura una norma de seguridad ciudadana, la Ley de armas, explosivos y municiones, la Ley contra consumo y expendio de bebidas alcohólicas, y la Ley contra de robo de vehículos y autopartes. Además, se planteó reforma al Código de niño, niña, adolescente, un anteproyecto de Ley de justicia penal juvenil y la imprescriptibilidad de los delitos de narcotráfico y Ley de seguridad de carreteras.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo estar satisfecho con el nivel de cumplimiento del objetivo del encuentro, que era diseñar una política de Estado en materia de seguridad ciudadana, determinando los instrumentos normativos que permitan su implementación. Valoró la participación de las instituciones, pese a las diferencias políticas. «Esto es loable, lo que nos queda es plasmar las propuestas en beneficio de la ciudadanía».
Una vez clausurado el encuentro, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el de Cochabamba, Edmundo Novillo, cada uno por separado, calificaron de positivo el encuentro y dijeron esperar que las propuestas se efectivicen en un corto plazo.
Por su lado, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que fue un encuentro saludable, en el que primó el sentido de luchar contra la inseguridad y los asistentes dejaron de lado las diferencias políticas.
El evento fue inaugurado por el presidente Evo Morales el jueves, quien recomendó «despolitizar el tema de seguridad ciudadana y adoptar decisiones en favor de los bolivianos». Otro acuerdo alcanzado en Santa Cruz fue el de realizar reuniones similares cada semestre, por lo que la segunda Cumbre de Seguridad se realizará en el departamento de Tarija.
Cada año habrá dos cumbres
Los participantes de la primera Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana acordaron sostener reuniones cada seis meses. En tanto, las reuniones departamentales se realizarán cada tres meses.
Se prevé instalar cámaras en el eje
En la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana, el Gobierno planteó la instalación de cámaras de vigilancia, inicialmente, en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz regiones en las que se registra mayor índice de la delincuencia.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, destacó la necesidad de contar con estos instrumentos para enfrentar a la delincuencia. «Existe un trabajo adelantado para efectivizar esta propuesta de manera coordinada con las gobernaciones, municipios y la Policía». Agregó que, en el caso de Santa Cruz, la Gobernación ya cuenta con las cámaras de vigilancia «Ojo Vivo» y que, si hubo desencuentros con la Policía por el manejo de este sistema, «el conflicto está superado y en un tiempo muy corto volverán a operar».
También adelantó el propósito de adquirir helicópteros para el eje central del país. «Estamos trabajando en la etapa de la elaboración del proyecto, luego se buscará el financiamiento. En primera instancia existe la posibilidad de que los recursos sean aportados de manera conjunta por las gobernaciones y el Gobierno», señaló.
Llorenti, además, confirmó la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en el departamento de Santa Cruz, en coincidencia con el pedido del gobernador cruceño Rubén Costas para emprender este proyecto.
«Estamos en ese camino de contar con cárceles de máxima seguridad en el país, muestra de ello es que en Yacuiba ya se viene construyendo uno, similar situación sucederá en Uncía de la ciudad de La Paz», manifestó.
La autoridad dijo que se iniciará con la elaboración del diseño final para la cárcel de Santa Cruz. «En el tema de financiamiento existen varias alternativas para conseguir dinero para la ejecución de la obra de gran envergadura».
«Se acudirá a la Cruz Roja Internacional y a expertos externos en temas de sistemas penitenciarios para la elaboración del diseño final», declaró Llorenti.
Oswaldo Zegarra Fernández
‘Más policías y leyes no son la solución’
Los datos estadísticos a nivel de Sudamérica señalan que en nuestra región los principales problemas son la pobreza, la falta de empleo y la fragmentación familiar. Si podemos paliarlos, a través de una política contra el crimen concertada y convergente, podremos reducir, por lo menos, en 50% los índices de criminalidad.
La ONU, por ejemplo, indica que el 50% de los homicidios a nivel mundial ocurren en nuestra región, debido a la pobreza, a la falta de empleo y a los factores que inciden negativamente en el orden de la familia. Además, la información que llega a través de la televisión, los altos índices de narcotráfico y el consumo de alcohol también contribuyen a los índices de violencia y ésta genera más violencia.
La violencia sólo se la podría contrarrestar o paliar mínimamente a través de una política anticrimen adecuada, que emerja de un cambio de actitud que se inculque desde los núcleos preescolares.
Si no existe un cambio de actitud y de mentalidad desde los niños, por más que emerjan leyes, el índice de criminalidad va a seguir creciendo. El problema de la inseguridad ciudadana no se va a solucionar ni con leyes ni con más policías, pues éstos son prácticamente vendajes, un paracetamol o una aspirina que van a calmar un dolor repentino, pero no van a resolver el problema estructural.
Se necesita empleo, fuentes de trabajo y seguridad jurídica. También debemos aprender a no convertirnos en víctimas. El 25 por ciento de los delitos cometidos en nuestro país se registran en las personas que pensamos que nunca nos va a ocurrir o nunca vamos a ser víctimas de un delito y somos descuidados.
Oswaldo Zegarra Fernández
Criminólogo y docente de la UMSA
