La dirigencia de Centrales Unidas, sindicato cocalero de San Isidro y Shinahota, determinó la reversión de terrenos pertenecientes a dos familias, debido a que en los predios se halló infraestructura para fabricar cocaína.
«Los lotes han sido encontrados con pozas de maceración. La disposición es clara: quien albergue al narcotráfico va a perder las tierras y los cocales», afirmó Édgar Tórrez, asambleísta por el trópico de Cochabamba.
Explicó que desde la aprobación de la drasticidad de las sanciones para los cocaleros que sean encontrados en tareas ilícitas o con excedente en el cultivo del cato de coca (1.600 metros) por familia —como la confiscación de tierra, la expulsión y la suspensión de licencia de productor—, ya se ven los primeros resultados. En este caso, añadió, los sindicatos y las federaciones realizan el control social, tras el ampliado del 11 de junio.
«Esos terrenos, de 10 hectáreas cada uno, beneficiarán al sindicato (de su sector) para construir una escuela, una cancha de fútbol o para plantar hortalizas», dijo.
Los propietarios de los dos terrenos fueron expulsados del lugar, tal como se acordó en el ampliado cocalero, afirmó Tórrez. Añadió que el desalojo fue pacífico. «¿Cómo puede haber resistencia (por parte de los cocaleros infractores) si se ha evidenciado narcotráfico? No pueden oponerse porque, además, estaban advertidos y se sancionará sin reclamo alguno», manifestó.
