El fiscal anticorrupción de la ciudad de El Alto, Humberto Borges Ameller, encontrado in fraganti cuando cobraba 2.000 bolivianos para favorecer una imputación, fue enviado ayer al penal de San Pedro con medidas preventivas por el juez 8° de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas.
«En la audiencia que terminó al mediodía de ayer, el juez determinó que el fiscal Humberto Borges deba guardar detención preventiva mientras se investiga su caso por los cargos de cohecho pasivo», informó el fiscal Harry Suaznábar, que lleva el caso como representante del Ministerio Público.
Borges fue aprehendido in fraganti el pasado jueves, cuando cobraba 2.000 bolivianos a Ana María Condori para favorecerla en un fallo en contra de su ex pareja, Paulino Huanca, según el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Jorge Toro.
Ana María Condori es la mujer que deambulaba por las ciudades de La Paz y El Alto con megáfono en mano en busca de sus cuatro hijos, que fueron arrebatados violentamente por su ex concubino.
Ella solicitó al fiscal Borges que meta a la cárcel a su ex pareja, porque ésta le había agredido con piedras y cuchillo hasta dejarla inconsciente, para luego arrebatarle sus cuatro hijos, que finalmente fueron hallados en Cochabamba, en custodia del abuelo de Huanca.
El fiscal Borges le respondió que para realizar la imputación ésta debía entregarle 2.000 bolivianos. Pero ella denunció el hecho a la FELCC, cuyos miembros armaron un operativo para pescar al abogado cuando recibía el dinero.
Junto a Borges, la Policía aprehendió a los fiscales asistentes Martha Condori, Carlos Makuy Huanca, Paola Wayar y Pablo Cayo, pero éstos fueron puestos en libertad el viernes, en virtud a que el Ministerio Público no les encontró ninguna prueba que los involucre, precisó Suaznábar.
El juez tenía que dictar medidas cautelares el viernes. Sin embargo, el abogado de Borges solicitó que su defendido sea trasladado de emergencia a un centro de salud, pues sufría de un cuadro de hipertensión.
Luego de presentar un certificado médico, el juez Rojas dispuso su traslado al hospital Santa Teresa y aplazó la audiencia hasta ayer sábado.
Tras la aprehensión del fiscal de El Alto, a la Corte de Justicia de La Paz llegaron, al menos, ocho presuntas víctimas de esta autoridad que habrían sido extorsionadas económicamente para ser favorecidas
Es el caso de Renato Marca, ex concejal de Sica Sica, quien fue suspendido por Borges en 1999 por una denuncia realizada por el titular de esa repartición en ese entonces.
«En 1999 fuimos suspendidos cuatro concejales por Humberto Borges. Pero salimos absueltos. Durante el proceso nos pidió mil dólares a cada concejal para que pueda retirar la acusación en nuestra contra», rememoró Marca.
Indicó que su detención preventiva debería «sentar un precedente para los fiscales» y denunció que en contra de él hay un proceso penal con acusación fiscal y denuncias por faltas disciplinarias investigadas por la Inspectoría General.
Sanciones por cohecho
El Art. 145 del Código Penal establece como cohecho pasivo: «cuando un funcionario público pida o reciba dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo». La sanción va de dos hasta seis años de presidio.
