La autoridad gubernamental señaló ayer que ésta es la segunda acción encaminada a la transformación del Ministerio de Gobierno, antecedida del cierre de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), a través de la Ley de Extinción de Dominio, cuyo proyecto todavía está en redacción en el Órgano Ejecutivo antes de ser enviado a la Asamblea Plurinacional.
«Estamos trabajando para que haya una transferencia ordenada en este tema», afirmó, al referirse al traspaso de penitenciarías al Ministerio de Justicia. Actualmente hay alrededor de 10.300 reclusos en más de medio centenar de cárceles y carceletas.
Cárceles. Llorenti también adelantó que, en un lapso de 30 a 45 días, se entregará el proyecto a diseño final de la nueva cárcel modelo del departamento de La Paz. En el Ministerio de Gobierno se informó que la futura infraestructura carcelaria también estará en el sector de Chonchocoro.
Con esta acción se evitará que la principal cárcel de la ciudad de La Paz esté en pleno centro, agregó el titular de Gobierno. Parte del financiamiento para la construcción del nuevo penal se obtendrá con la venta del terreno de San Pedro, según fuentes gubernamentales. Llorenti añadió que no es la única obra en curso en el país.
«Hemos acordado en la Cumbre de Seguridad Ciudadana (realizada en la capital oriental el pasado mes) la construcción de otra cárcel de máxima seguridad en el departamento de Santa Cruz, en un proyecto concurrente entre el Gobierno nacional y el gobierno departamental de Santa Cruz», afirmó la autoridad.
También hizo referencia al inicio de una nueva fase de construcción del recinto penitenciario de la ciudad tarijeña de Yacuiba, en la frontera con Argentina. Llorenti anunció la próxima entrega de la nueva carceleta de la localidad de Montero, en el departamento de Santa Cruz.
Problemas en los penales
El hacinamiento, la compañía de los hijos de los reos y la asignación de prediarios por parte del Ejecutivo a los reclusos, son los tres principales problemas que aquejan a las cárceles del país. Por ejemplo, en el caso de la cárcel de San Pedro de La Paz, el hacinamiento es denunciado por los reclusos. El recinto fue construido para albergar a 300 internos, pero actualmente tiene más de 1.500.
El problema de la estadía de niños en los penales salió al debate el pasado mes, cuando un recluso de Palmasola fue linchado, tras ser acusado de violar a niños de sus compañeros. Sólo en ese penal de Santa Cruz viven cerca de 550 menores de edad. El Gobierno anunció que iba a sacar del recinto a los mayores de seis años.
En el tema del prediario, dinero que da el Estado para la alimentación diaria de los reclusos, el Gobierno propuso la pasada semana incrementar el monto de Bs 6,60 a Bs 8 por reo. Representantes de los internos dijeron que están de acuerdo con el aumento, pese a que exigían Bs 15.
