La disposición, aprobada el 30 de mayo, reglamenta la contratación de quienes defenderán al Estado bajo la modalidad de colaboración técnica en términos de codefensa y copatrocinio, refiere un comunicado de la institución estatal.
«Se requiere de la complementariedad de consorcios jurídicos que puedan brindar su experiencia y acreditación en las diferentes sedes donde se llevan a cabo los procesos arbitrales (y en algunos casos de derechos humanos en los que el Estado es parte interviniente)», señaló la Procuraduría.
El procurador Hugo Montero informó el 10 de mayo que la institución que preside se hará cargo de al menos seis procesos de arbitraje internacional y otros 50 casos referentes a temas como Derechos Humanos (DDHH).
El decreto supremo también autoriza a la Procuraduría General ampliar contratos internacionales vigentes, que hubiesen sido suscritos o ampliados por el ex Ministerio de Defensa Legal del Estado, para el copatrocinio, codefensa y asesoramiento enprocesos arbitrales en los que sea parte el Estado, cuya tramitación no hubiese concluido a la fecha de publicación del decreto.
La institución, en su comunicado de prensa, sostiene que hasta el 13 de julio no firmó contrato con ningún consorcio y que realizan un análisis para emitir una convocatoria.
