El secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, explicó que analizarán el perfil de cada uno de los candidatos. «Vamos a ver a cada uno de los profesionales para elegir a quién apoyar».
El dirigente campesino también informó que definirán su voto en función a la identificación de origen con el candidato. «Debe haber algún hermano o hermana que hable aymara o quechua, seguramente vamos a apoyar a ellos pero también tenemos que evaluar de qué familia viene, qué conducta tiene, el tema judicial es muy delicado», sostuvo.
La mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa seleccionó, entre el martes y viernes de la semana pasada, a 118 candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Los bolivianos deberán elegir 56 autoridades para estas instituciones de justicia.
Del grupo de candidatos, 27 se autoidentificaron como indígena originario campesinos. Las elecciones serán el 16 de octubre próximo.
La dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’ de La Paz, Felipa Huanca, informó que hoy sostendrán una reunión con sus bases para poner en conocimiento la lista de quienes aspiran a ocupar uno de los máximos cargos judiciales.
«Estamos reuniéndonos el miércoles (hoy). Van a llegar dirigentes de las provincias, y vamos a hacer una evaluación de los que pretenden ser autoridades. Vamos a definir a quién vamos a apoyar, pero primero tenemos que conocer a los candidatos, quiénes son, de dónde son, tenemos que conocerlos bien para apoyar», sostuvo.
El dirigente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) José Bailaba afirmó que no conocen a los candidatos, por lo que convocaron para el 1 de agosto a una reunión en Santa Cruz para tratar el tema.
«Nosotros, como pueblo indígena, tenemos el derecho de tratar estos temas, tenemos que conocer quiénes son los que se están perfilando y sobre esa base tomar la decisión de a qué candidatos apoyar», señaló.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, en reiteradas ocasiones advirtió que el inducir el voto es delito electoral. La posición fue asumida en respuesta a la decisión de la oposición de alentar el voto nulo en las elecciones judiciales, por considerar que la preselección de los candidatos no fue transparente.
La diputada masista Rebeca Delgado informó que la pena por direccionar el voto es de hasta tres años de cárcel. Mientras tanto, el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro solicitó al TSE elaborar una disposición en torno al voto nulo.
El dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, informó que no tienen candidatos, por lo que alentarán el voto nulo en las justas.
Sala plena del TSE
Los vocales no lograron aprobar ayer una resolución sobre el cumplimiento o no de los requisitos para la selección de candidatos. El MSM señala que no se cumple la cuota indígena para el Tribunal Supremo en Beni, Pando y Tarija.
