La Cámara de Senadores sancionó ayer la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, pese a las observaciones de Asbora (Asociación Boliviana de Radiodifusoras) y sectores de la oposición que advirtieron que dejará bajo el control del Gobierno al 67% de las radioemisoras y que permitirá que, con el argumento de seguridad del Estado, se vulnere la privacidad de las comunicaciones en el país.
La ley establece que las frecuencias de radiodifusión se dividen en 33% para el Estado, 33% para el sector privado, 17% para los sectores sociales comunitarios y el restante 17% para los pueblos indígenas originarios y campesinos.
Según el presidente de Asbora, Raúl Novillo, «las radioemisoras comunitarias y de los pueblos indígenas al no tener ingresos económicos acudirán a entes del Estado para su subsistencia, lo que quiere decir que el Estado engrosa su prevalencia en el 67% de las frecuencias». Advirtió que, bajo estas condiciones, existe una «seria amenaza a la libre expresión».
El senador Bernard Gutiérrez (CN) aseguró que ésta es «otra imposición» del Gobierno, que además vulnera la Constitución al autorizar al Ministerio de Gobierno a escuchar las comunicaciones de los ciudadanos en casos de seguridad del Estado.
El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez (MAS), descartó una vulneración a lo establecido en el marco constitucional. «Está en el resguardo de los derechos y tiene una visión integral», dijo. Informó además que con la nueva normativa se creará la Autoridad de Telecomunicaciones, instancia que emitirá las licencias de funcionamiento.
