«En cualquier normativa, después de transcurrir más de una década, es necesario hacer modificaciones, enriquecerla o contextualizarla. Son casi 25 años de vigencia de la Ley 1008 y amerita actualizarla de acuerdo con la Constitución (Art. 384 y 344)», dijo a La Razón el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
Asambleístas del oficialismo y la oposición también están de acuerdo con que se debe hacer cambios a la polémica norma antidrogas que rige desde el 28 de diciembre de 1988, cuando era presidente Víctor Paz Estenssoro.
Mary Medina, senadora del MAS, manifestó que la nueva norma antidrogas debe tener característica transnacional, para luchar contra las redes de narcos que usan tecnología moderna difícil de contrarrestar por un solo país.
Bernard Gutiérrez, senador de CN, sostuvo que «si alguna modificación se va a hacer (a la Ley 1008), que sea la de reducir las 12 mil hectáreas de cultivos». Sin embargo, remarcó que para la lucha antidrogas no basta cambiar la norma, sino fijar una política.
Cambios. Entre las principales modificaciones previstas a la Ley 1008, está su división en dos normativas diferentes. Una será la Ley General de la Coca y otra la de Sustancias Controladas.
Otro cambio previsto en la Ley de la Coca es la ampliación de la extensión de cultivos legales de la hoja de 12.000 hectáreas, fijada en la actual norma, a 20.000 hectáreas en el trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz.
La tercera reforma prevista por el Gobierno, en la segunda ley proyectada, busca endurecer las condenas para los grandes narcotraficantes, aunque todavía no hay una propuesta concreta. La Ley 1008 prevé entre 15 y 25 años de cárcel para quienes trafiquen cocaína, siendo un agravante el trasiego de cantidades mayores.
El cuarto cambio, similar al anterior, espera sancionar a los microtraficantes que pululan en las ciudades. También establece plenamente la participación de la Policía boliviana, de forma conjunta con las Fuerzas Armadas en labores de interdicción. En el caso del microtráfico, la Ley 1008 no condena la tenencia de droga en cantidades equivalentes a 48 gramos de consumo.
Otro cambio que se quiere hacer a la norma antidrogas es la incorporación del control y sanción para la legitimación de ganancias ilícitas y el lavado de dinero.
De estas acciones estará encargada la nueva Dirección Estatal de Lucha Contra el Narcotráfico (DELCN), que será el máximo organismo para el control y tráfico ilícito de drogas, la prevención y lucha contra el narcotráfico, según el anteproyecto de Ley que está siendo socializado desde la semana pasada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las dos futuras leyes forman parte de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca 2011-2015 que elabora el Gobierno. Este plan tiene como pilares, la interdicción, el desarrollo integral de la hoja de coca, la prevención holística del consumo de drogas y el control social sobre los cultivos. A esta propuesta se suma la redacción de otros seis anteproyectos de ley.
El exviceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, expresó que el Gobierno debería centrarse en controlar el principal problema que tiene Bolivia en el circuito coca-cocaína «que es los nuevos cultivos de hoja de coca, antes de buscar más penalizaciones».
Se prevé legalizar 8.000 ha más de cultivos de la hoja
Dentro del proyecto de Ley General de la Coca, el Gobierno propone incrementar de 12.000 a 20.000 hectáreas los cultivos de coca legales. Con la nueva propuesta, 7.000 se legalizarían en el trópico cochabambino, 1.000 en Caranavi y 12.000 para los Yungas de La Paz.
«Se lleva adelante un registro biométrico a los productores de hoja de coca que ancestralmente la cultivaron. Bajo este registro, no debe haber más de 7 mil hectáreas de cultivos, más de un cato por afiliado en el Chapare. En Yungas de La Paz no pasarán de las 12 mil hectáreas, mientras que a Caranavi se dejará cultivar 1.000 hectáreas», señaló el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
Sin embargo, los productores de coca de los Yungas no están de acuerdo con la propuesta. «En Yungas estamos pidiendo que se reconozca por lo menos unas 15 mil hectáreas, en seis provincias: Inquisivi, Nor y Sud Yungas y partes de Apolo (Franz Tamayo) Muñecas y Zongo (Murillo)», manifestó el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) Ernesto Cordero.
El representante cocalero dijo que las otras 1.000 hectáreas de coca deberían cultivarse en una zona de Caranavi, región que antes pertenecía a la provincia Nor Yungas, productora tradicional del cultivo. Agregó que las restantes 4.000 hectáreas se deberían producir en las provincias de Tiraque y Yungas de Vandiola, en Cochabamba.
Cordero cree que esa distribución está justificada. «Un 80% de la coca que se mastica en el país es yungueña», afirmó.
«Como el presidente Evo Morales dice ser respetuoso de las organizaciones sociales, noso-tros, que somos reconocidos a nivel mundial, vamos a hacer prevalecer nuestra propuesta, así el Gobierno nos quiera imponer una ley», advirtió Cordero.
La Ley 1008 establece como «zona de producción tradicional» a Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, F. Tamayo e Inquisivi de La Paz; y Yungas de Vandiola (Tiraque y Carrasco de Cochabamba).
