El ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, informó que, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, «en casos de problemas de seguridad nacional e internacional y de desastres, los sistemas de comunicación se pondrán a la orden de la autoridad competente».
Aclaró que cuando se habla de autoridad competente se hace referencia a aquellas que son legítima y legalmente constituidas, ya sea de orden nacional, departamental o municipal, además de jueces y fiscales, «como ocurre en cualquier parte del mundo».
Sobre la posibilidad de intervención de líneas telefónicas, se remitió a la ley: «En casos de seguridad del Estado y desastres naturales, la autoridad competente podrá requerir apoyo de los medios».
Al respecto, la norma, si bien garantiza la inviolabilidad, al mismo tiempo abre un resquicio para permitir los «pinchazos», pues el Art. 5 indica que las conversaciones privadas mediante uso de telecomunicaciones son inviolables y secretas, y no pueden ser interceptadas, interferidas, utilizadas, publicadas o divulgadas, «salvo en los casos determinados por ley».
La norma fue remitida el martes al pleno del Senado, tras su aprobación en Diputados.
