«Lo que hemos decidido es la expulsión de tres ciudadanos porque todavía no tienen una resolución del Conare como refugiados políticos. En relación al coimputado José Antonio Cantoral, él sí tenia una resolución del Conare, sin embargo, como se ha abierto este proceso, le han revocado el 3 de agosto el beneficio de refugiado político. Entonces hemos ordenado que a él se lo ponga en la frontera de un tercer país neutral al de Perú y Bolivia», informó el juez Espinar, minutos después de que los cuatro peruanos fueron sacados del juzgado con un fuerte resguardo policial.
Blanca Rivero Alarcón, los hermanos William Antonio y Hugo Wálter Minaya Romero, fueron detenidos el 1 de agosto cerca de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde junto a José Antonio Cantoral, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, habían instalado un centro de enseñanza que ofrecía una serie de cursos, pero que, sin embargo, tenía por objeto captar jóvenes para adoctrinarlos ideológicamente, incluso ofreciéndoles becas al vecino país, donde recibirían entrenamiento en manejo de armas y explosivos.
Acusación. «Se ha evidenciado que los cuatro aprehendidos estaban en actos subversivos contra el Ejecutivo, que además tienen procesos abiertos en la República de Perú, que está pidiendo su captura; tienen mandamientos de captura», explicó el juez, quien dirigió la audiencia cautelar de casi cuatro horas.
Justificó su decisión en el hecho de que en Perú los delitos por los que les persiguen son penados con cadena perpetua, mientras que en Bolivia llegan a ser condenados con un máximo de 20 años. «Entonces, el juzgamiento por los delitos que han cometido en Perú lo deben hacer allá», dijo.
Señaló que se resolvió que el Ministerio de Gobierno se encargue de efectuar los trámites correspondientes a las expulsiones. «Con relación a Cantoral, le hemos dado 90 días (para que deje el país), y a los otros tres les hemos dado 24 horas», indicó.
El Ministerio de Gobierno es el encargado de poner en la frontera con Perú a Blanca Rivero, William y Hugo Wálter Minaya Romero, según el juez. Y la orden, al parecer, se cumplió de inmediato, ya que en el patio de la Corte de Distrito de El Alto aguardaban seis vehículos en los que los subieron y fueron escoltados con grupos de seguridad de la Policía.
En el caso de Cantoral, tiene 90 días porque todavía puede apelar la resolución que le quita el beneficio de refugiado. Entre tanto, estará bajo dependencia del Ministerio de Gobierno. Los otros tres no pueden apelar, ya que es una resolución que no está prevista en este caso, de acuerdo con el jurisconsulto, quien ordenó que la audiencia se lleve a cabo a puertas cerradas, sin permitir el ingreso a los medios de comunicación.
También se dio a conocer que se desconoce cuál ha sido la forma del ingreso al territorio nacional de los tres primeros, ellos no han probado qué día, mes o año ingresaron al país.
Entre los acusados hay un niño
Entre los cuatro peruanos detenidos en la ciudad de El Alto hay un boliviano, se trata de un niño, hijo de Blanca Rivero Alarcón y Williams Minaya Romero, quienes son pareja.
«En el caso del niño, tiene que seguir con su madre. El niño no está dentro del proceso de investigación, es ajeno», afirmó ayer el juez 5° de Instrucción en lo Penal-Cautelar, Daniel Espinar.
La defensa de los peruanos anuncia una apelación
Permanente de Derechos Humanos hará conocer el caso ante instancias internacionales.Franz Bustos, abogado de los supuestos senderistas Blanca Rivero Alarcón y de los hermanos William y Wálter Minaya Romero, anunció que presentará una apelación a la expulsión de sus clientes dictada por un juez de El Alto, y que junto a la Asamblea
«Voy a presentar un memorial en tres días. La Constitución (Política del Estado) dice que toda persona tiene derecho a una segunda opinión, el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal dice que esto se puede apelar en tres días, voy a hacerlo, aunque en este momento (15.05 de ayer) ya los deben estar llevando a la frontera, pero violando descaradamente el derecho constitucional a una segunda opinión a mis clientes y expulsando de forma indirecta a un niño boliviano», expuso Bustos.
