La mañana de ayer, el Tribunal Supremo otorgó por última vez la palabra a las víctimas y a los familiares de los fallecidos. Se escucharon dramáticos testimonios de las circunstancias en las que fallecieron sus parientes y cómo hasta ahora viven sin sus seres queridos victimados en los sucesos previos a la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y su gobierno.
En la tarde, los dos exministros del expresidente, Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, dijeron que ellos no tienen responsabilidad penal en este juicio porque nunca estuvieron en el entorno de Sánchez de Lozada y no formaron parte de la cúpula donde se tomaron las decisiones. Ambos sindicados eran de Nueva Fuerza Republicana (NFR), el partido aliado del gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Solicitud. El fiscal de Recursos, Orlando Riveros, al término de la audiencia, dijo que el Ministerio Público pedirá que, durante el tiempo que sesionen los ministros y conjueces de manera reservada, se tomen medidas para garantizar la presencia de los acusados ya sea en sala o haya una vigilancia policial permanente, sin descartar una detención domiciliaria.
Entretanto, según ANF, el abogado de la acusación particular, Rogelio Maita, descartó este viernes que tuviese la intención de presentar un pedido de medidas cautelares contra seis de los siete acusados y aseguró que sería una «pérdida de tiempo» ante la posibilidad de no prosperar.
El jurista consideró que la próxima semana será crucial para el caso, en el que todavía no han sido investigados el mismo Sánchez de Lozada y su entonces ministro Carlos Sánchez Berzaín.
Hace una semana, este último declaró a la televisión internacional que el caso es político, aunque dijo que volvería al país si es que hubiera justicia neutral. Entre septiembre y octubre del 2003, 69 personas murieron ante la represión de las Fuerzas Armadas contra las movilizaciones en El Alto y La Paz.
