«La dictadura de Banzer fue el período más nefasto de la historia. Las bolivianas y bolivianos fuimos víctimas del «Plan Cóndor», de torturas, persecuciones, asaltos y desapariciones forzosas, violaciones de los derechos humanos, entre otros», afirmó el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
Banzer nació en la población cruceña de Concepción en 1926. En su condición de coronel de Ejército, tomó el poder tras derrocar al también militar Juan José Torres, con el respaldo del jefe del MNR, Víctor Paz Estenssoro, y de la Falange Socialista, liderada por Mario Gutiérrez.
Poco después, rompió el pacto con el MNR y empezó un régimen estrictamente militar que proscribió los partidos políticos, anuló a la Central Obrera Boliviana (COB) y cerró las universidades. Esta etapa estuvo marcada por la persecución y exilio de los opositores.
El presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Alberto Aparicio, recordó que los centros de tortura operaban en el cuartel de Viacha, el DOP (Departamento de Orden Político) y la casa de vejámenes en la localidad de Achocalla.
En 1974, la dictadura lanzó un paquete de medidas económicas como la devaluación de la moneda. Los campesinos iniciaron un bloqueo de caminos y el régimen declaró un estado de sitio que derivó en la masacre de Epizana y Tolata, con el saldo de al menos 80 muertos.
Un año después, Banzer se reunió con el dictador chileno Augusto Pinochet en Charaña para hablar sobre una salida soberana al mar, que no prosperó. En 1977 convocó a elecciones, en las que su candidato, Juan Pereda, fue derrotado por Unidad Democrática y Popular (UDP). Los comicios fueron anulados.
Una huelga de cuatro mujeres mineras, entre ellas Domitila Chungara, dio paso a la masificación de la medida de presión que cambió el curso de la historia. Banzer fue obligado a dejar el poder en 1978.
Aparicio informó que la dictadura banzerista dejó al menos 33 desaparecidos, para los cuales, aún se espera justicia
«En Bolivia no se hace justicia», cuestionó, para luego informar que ante esa situación familiares de víctimas como la de José
Carlos Trujillo, Renato Ticona y José Luis Ibsen Peña denunciaron al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo fue favorable a los familiares de las víctimas. Se dispuso que el Estado pague a las familias de Trujillo y Ticona, por separado, 400.000 dólares, mientras que a Ibsen, 700.00 dólares.
El líder del Partido Socialista (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz, impulsó un juicio contra el entonces general Banzer. El político fue torturado y asesinado en la dictadura de Luis García Mesa (1980). Hasta hoy no se da con el paradero de sus restos.
El dictador fundó en 1979 Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido con el que participó en las elecciones nacionales.
En 1997 asumió el poder por la vía democrática, con el apoyo de partidos políticos como el MIR, Condepa, UCS, NFR y el PDC.
Banzer no terminó su mandato. El 2001 se le diagnosticó cáncer y se vio obligado a dimitir; un año después falleció. Jorge Quiroga asumió el mando del país.
Para el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Carmelo Galdos, la dictadura fue «un golpe de Estado cruento» que provocó pérdidas de vidas como la del padre Mauricio Lefebre. «Quedó pendiente el juicio contra Banzer».
Resarcimiento a víctimas de violencia
En junio de este año, el gobierno de Evo Morales informó que aprobó los trámites de resarcimiento par 1.600 víctimas de la violencia política. Benedicto Hurtado, uno de los beneficiados, informó que 9.000 personas iniciaron los trámites.
El resarcimiento, que oscila entre 48.924 bolivianos y 244.220 bolivianos, está establecido por la Ley 2640.
«Con esas 1.600 personas que van a recibir el resarcimiento se estaría reconociendo que en Bolivia no hubo dictadura, entonces ¿para qué vamos hablar de dictadores?», cuestionó Hurtado, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd).
La Ley 2640 de Resarcimiento Excepcional establece que los hechos en materia de resarcimiento serán procedentes en casos de detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o destierro, lesiones e incapacidad calificadas, muerte en el país o el exterior por razones de violencia política o desaparición forzada.
