El Ministerio de Gobierno rechazó que se hayan realizado «pinchazos» telefónicos para detectar los contactos que hicieron los marchistas originarios con Estados Unidos, como lo denunciara el presidente Evo Morales.
El titular de esa cartera, Sacha Llorenti, explicó que el extracto de llamadas se obtuvo en base al ordenamiento jurídico del país, a través de una solicitud del Ministerio Público.
«Descarto de manera categórica de que se trate de pinchazos o interceptación de llama- das. Lo que hemos encontrado está en un registro de llamadas autorizado a través de la autoridad competente, el fiscal Félix Peralta, quien solicitó a las telefónicas ese registro, en apego a las normas», manifestó.
Peralta fue designado para investigar la denuncia realizada por el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, ante el Ministerio Público, de que en la marcha indígena se detectó «abastecimiento de explosivos y una serie de llamadas telefónicas en las que se presume se estarían dando instrucciones», según la agencia ABI.
El Mandatario había revelado el domingo que el funcionario de la embajada de EEUU Eliseo Abelo se contactó telefónicamente entre el 2 de junio y el 17 de agosto, con el dirigente del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), Rafael Quispe, con el indígena y diputado del MAS Pedro Nuni y la esposa de Adolfo Chávez, presidente de la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana (CIDOB), Roxana Marupa.
‘PINCHAZOS’. Los aludidos por Morales acusaron de que el Gobierno había intervenido sus teléfonos. Nuni, quien encabeza la marcha desde el Beni hacia La Paz, criticó que con esos «pinchazos» telefónicos «se está violando el derecho a la privacidad de los ciudadanos».
Quispe, por su parte, apuntó que también se había intervenido su teléfono para escuchar sus llamadas. «Se viola el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Yo recibo llamadas no sólo de EEUU, sino de todo el mundo, son llamadas de solidaridad con la marcha», dijo.
Adolfo Chávez adelantó que se realizará un análisis «de los últimos eventos ocurridos con los miembros de la marcha y las nuevas acusaciones del Gobierno» y descartó alguna intromisión extranjera en la movilización.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, Yolanda Herrera, expresó que la intervención de llamadas «es un atentado contra los derechos de los ciudadanos». «El senador de PPB-Convergencia Nacional, Róger Pinto, lamentó que el Gobierno haya incursionado en los «pinchazos» telefónicos, al ver al Presidente mostrando los registros.
El alcalde paceño Luis Revilla rechazó que se proceda «al margen de la reglamentación de la Ley General de Telecomunicaciones, que norma las intervenciones telefónicas». El ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín sospecha que sí hubo escuchas porque se vinculó las llamadas con el motivo de la marcha.
El 13 de mayo, el ministro Llorenti admitió haber obtenido extractos telefónicos del ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Jaime Solares, entre el 6 y 18 de abril (antes y después del paro indefinido cumplido por la COB), con la diputada de oposición Norma Piérola.
En ese entonces, la autoridad explicó que el registro fue suministrado por la Fiscalía de Distrito que investigaba la denun- cia planteada por el Ministerio de Gobierno sobre la penetración de la derecha en la COB.
Uribe: El registro de llamadas es legal
Desde Sucre, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, reconoció que las escuchas telefónicas están prohibidas por la Constitución, pero que el caso no se aplica con los extractos de llamadas entre los dirigentes originarios y la Embajada de EEUU.
«En este caso, estamos hablando simplemente de un registro de datos, no de escuchas de conversaciones o de comunicaciones telefónicas. Ese no es el caso», explicó.
El artículo 25 de la CPE establece que «toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas, salvo autorización judicial».
Uribe dijo que este pedido de extractos telefónicos es una práctica diaria del Ministerio Público para realizar las diligencias de investigación. El Fiscal General expresó que esta práctica es legal «desde el momento que el artículo 218 del Código Penal le faculta al fiscal esa acción».
