El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, acusó ayer a dirigentes indígenas que participan en la marcha en rechazo al proyecto carretero que pasará por la reserva del TIPNIS, de auspiciar fraudes de tráfico de tierras y cobro ilegal en la explotación madera en la región amazónica.
Exhibiendo documentación de respaldo, la autoridad involucró en estos hechos a los dirigentes Alejandro Yuco, presidente de la Subcentral TIPNIS; Santiago Virinoe, secretario de Organización y Comunicación de la Subcentral Sécure TIPNIS y Pedro Vare Yujo, expresidente del TIPNIS.
Aseguró que estos dirigentes se oponen a la construcción del tramo carretero porque pesan sobre ellos denuncias de tráfico de tierras tituladas por el Gobierno «a personas particulares, nacionales y extranjeras desde 2010».
«La marcha es un paraguas para justificar en el interior de la región actividades ilegales como la extracción y tráfico ilegal de madera», afirmó Romero, descalificando la protesta indígena.
«Hay algunos dirigentes indígenas comprometidos con estos fraudes que están queriendo obstaculizar cualquier diálogo con el Gobierno, porque tienen que encubrir este tipo de fraudes», agregó la autoridad.
Sobre esta acusación, la dirigencia indígena rechazó la actitud de Romero, a quien acusó de intentar confrontar a los pueblos indígenas del oriente, que impulsan una marcha que comenzó el 15 de agosto en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Posición. El secretario de Autonomías del Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), José Isategua, respondió que las acusaciones del ministro Romero tienen una intención de confrontación.
«En ningún momento hemos traficado madera, sólo tenemos manejos forestales que la ABT conoce. El ministro Carlos Romero sólo está empeorando la situación», lamentó en contacto telefónico con la red Erbol. En esa línea, el líder de la CIDOB, Adolfo Chávez, descartó que los dirigentes acusados por Romero estén vinculados con el tráfico de madera y tierra.
«Es un absurdo. Ellos no tienen nada que ver con la denuncia del ministro. Con esta acusación intentan perjudicar las cosas», protestó Chávez. Sobre el tráfico de madera, Romero indicó que en el pueblo Guarayo, en Santa Cruz, es la región donde más se depredó este recurso natural.
Según un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), se extrajo 1,2 millones de metros cúbicos de madera. Romero afirmó que con esta extracción se generó un ingreso de 2,12 millones de dólares.
La autoridad, mientras realizaba su denuncia, mostró fotografías de camiones de empresas madereras que trasladaron a indígenas de esa región hasta Trinidad para el inicio de la marcha. El presidente Evo Morales acusó a tres dirigentes indígenas de tener vinculación con la Embajada de Estados Unidos. Romero insistió en invitar a los indígenas a iniciar un proceso de diálogo sin condiciones.
Indígenas dicen que no reciben dinero de ONG
Dirigentes indígenas y campesinos rechazaron que sus organizaciones reciban respaldo económico de organizaciones no gubernamentales para cumplir con sus funciones. Señalaron que recurren a apoyo externo, a aportes de sus afiliados y al Fondo Indígena.
El miembro de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (Coincabol), Sergio Hinojosa, aseveró que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es la única instancia del exterior que coopera a las organizaciones sociales.
La Coincabol aglutina a las cinco organizaciones que son parte del «Pacto de Unidad»: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Pueblos Indígenas del Bolivia (CIDOB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qollasuyu (Conamaq), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» (FNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB).
«En la Coincabol no manejamos ninguna clase de financiamiento económico, porque no tenemos aún personería jurídica. Ésta es una instancia técnica y tenemos nuestros proyectos con el apoyo de la Cooperación Española y del Fondo Indígena», afirmó Hinojosa.
El dirigente explicó que «el financiamiento (de la Cooperación Española) es para hacer talleres, fortalecimiento institucional y para bajar a las comunidades y pedir sus requerimientos de las bases».
El secretario de Tierra y Territorio de la CSUTCB, Rodolfo Machaca, informó que su organización recibe ayuda de entidades internacionales a través de la Coincabol. «Ellos nos apoyan con logística, material de escritorio, gasolina para las movilidades o mantenimiento de autos», dijo.
Por su parte, la secretaria general de las «Bartolinas Sisa», Felipa Huanca, afirmó que su organización «sobrevive» con los aportes de sus afiliadas.
