La ministra de Salud, Nila Heredia, retornó ayer de una corta visita a la marcha indígena que reclama por el TIPNIS y trajo un estremecedor informe sobre las condiciones en que mujeres embarazadas y niños acompañan la protesta, que hoy cumple 13 días.
Entre 14 a 15 mujeres embarazadas, aproximadamente 40 niños, la mitad de ellos menores de 10 años y cinco de sólo meses, participan en la caminata que atraviesa territorios con climas que sobrepasan los 35 grados centígrados, «muchos de ellos sin zapatitos», informó la autoridad.
Además de los niños afectados por la insolación y la deshidratación, el grupo que más preocupa a Heredia es el de los recién nacidos y las embarazadas. Una de ellas tuvo que abandonar la caminata por riesgo de aborto y hay otras dos (con más de seis meses de gestación) que enfrentan similar riesgo. Heredia, que además es médico cirujano especialista en salud comunitaria, dijo que para estas mujeres el esfuerzo «genera un gravísimo riesgo para su embarazo». Agregó que en este grupo de alto riesgo se encuentran los niños menores de un año y sus madres, ya que ellas se quedan sin leche por la deshidratación y sus hijos sin alimento.
«Hay una muchacha de 14 a 15 años con su niño de cuatro meses que ya no tiene leche, porque obviamente se está deshidratando. El riesgo es para su niño y para ella», comentó. A los grupos de niños y embarazadas se suman otros de personas con diferentes afecciones.
Según Heredia, un examen médico practicado a los marchistas el jueves detectó «a 20 personas hipertensas, 163 personas deshidratadas y 20 con insolación». Por ello, dijo que instruyó a las brigadas médicas que acompañan la marcha entregar papeletas de baja médica a las personas cuya salud se encuentra en riesgo y advirtió que desde ese momento los dirigentes se harán responsables de lo que pase.
«Si es que ocurre algo con las personas que han sido dadas de baja, entonces los responsables son los dirigentes, porque desde el punto de vista de salud, cuando se da la baja, quiere decir que hay riesgo», señaló Heredia. A los marchistas les queda 400 kilómetros por recorrer.
UN pide informe a Delgadillo sobre OAS
El diputado por Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, pidió el jueves un informe escrito al ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, respecto a las observaciones hechas por la Contraloría General del Estado (CGE) al proceso de licitación y contratación de la empresa OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
«Yo he presentado ayer (jueves) al ministro Delgadillo una petición de informe escrito para que me haga conocer de qué manera la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha tomado en cuenta estas observaciones que ha hecho la Contraloría, qué establecen todas ellas, no sólo responsabilidades administrativas, sino también penales por acción y omisión».
La Razón informó el viernes, en base a un informe emitido por la CGE el año 2010, que la Contraloría estableció responsabilidades administrativas para los funcionaros de la comisión calificadora y el proceso de contratación de la ABC por no haber cumplido con las normas legales de contratación de la empresa OAS.
El parlamentario de Unidad Nacional recordó que en la reunión que sostuvo con el contralor Gabriel Herbas sobre este tópico, éste le manifestó no tener conocimiento acerca de la respuesta de la ABC sobre las consideraciones realizadas por la CGE.
