Las víctimas anunciaron que irán hasta Estados Unidos para exigir al gobierno de Barack Obama que encamine la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, residente en ese país desde la Guerra del Gas de octubre del 2003.
Además de Sánchez de Lozada, se pedirá la extradición de los exministros Jorge Berindoague, Guido Áñez y del exilado político Manfred Reyes Villa, advirtió el abogado de familiares de las víctimas, Freddy Ávalos.
De acuerdo con el viceministro de Justicia, Nelson Cox, la sentencia judicial «fortalece e impulsa el proceso de extradición de Sánchez de Lozada, y de sus exministros Berindoague, Áñez, Mirtha Quevedo, Javier Tórrez, Jorge Torres Obleas, Dante Pino y Hugo Carvajal, quienes salieron del país y residen en Estados Unidos, Perú y España.
El martes, la Corte Suprema de Justicia encontró culpables de «genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta» a dos exministros de Sánchez de Lozada, Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, y a los exjefes militares Roberto Claros, Juan Véliz Herrera, Osvaldo Quiroga, Luis Alberto Aranda y Gonzalo Rocabado, fijando penas de tres y 15 años de presidio.
El vocero del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, reclamó ayer la creación de una comisión internacional que investigue «a profundidad y exhaustivamente» los hechos de octubre.
«Me parece inaudito que el señor (Roberto) de la Cruz esté vociferando sobre este tema de la sentencia, cuando él es un responsable de los hechos (…) Que se investigue si habían militares chilenos en un hotel recibiendo órdenes del Gobierno y el rol del señor (Carlos) Mesa porque anmistió a los responsables a través de un decreto», manifestó Siles.
Apelación. El excomandante General de Ejército entre agosto del 2002 y noviembre del 2003, Juan Véliz Herrera, sentenciado a 15 años de prisión, que apelará la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante organismos externos.
«Ante semejante injusticia no voy a descansar en proclamar mi inocencia a través de los medios que me permita la ley nacional e internacional», manifestó. La sentencia contra las exautoridades se dio a conocer tras siete días de debate por el fallo y ocho años de proceso en la Corte Suprema, cuyo domicilio es la ciudad de Sucre.
La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) sugerirá a la Asamblea Legislativa que se conforme una comisión especial para que se traslade a Estados Unidos para reclamar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, según anunció ayer la diputada Emiliana Ayza.
El MNR critica la sentencia
A través de un comunicado, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sostiene que el fallo del caso Octubre es un desconocimiento «grosero» a los más elementales principios del derecho, del debido proceso y del derecho a la defensa. La sentencia, según el comunicado, pasará a la historia como una arbitrariedad que prueba cuánto puede distorsionarse el concepto de justicia. En el documento, el MNR considera necesaria la convocatoria a una Comisión Internacional de la Verdad sobre los hechos de septiembre y octubre del 2003, con el objetivo de investigar y documentar «lo que verdaderamente ocurrió». El MNR enumeró cinco violaciones a la ley y al debido proceso cometidos en el juicio.
El MAS sugiere que una comisión vaya a EEUU
La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) sugerirá a la Asamblea Legislativa que se organice una comisión especial para que viaje a Estados Unidos con el fin de acelerar los trámites para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien reside Washington, acusado como principal responsable del genocidio del caso Octubre.
«Seguramente nosotros vamos a decidir como Asamblea nacional que se arme una comisión para que vaya a Estados Unidos donde están esos masacradores que han dañado al pueblo boliviano, que vaya una comisión para pedir a las autoridades que lo extraditen», sostuvo la subjefe de la bancada del MAS, Emiliana Ayza.
Edwin Tupa, jefe de la bancada del oficialismo, señaló que esta comisión sería multipartidaria, esto con el objetivo de evitar comentarios de otros partidos de que el MAS estaría organizando una persecución política.
«Queremos evitar que se refieran a nosotros de esa manera y los integrantes (de la comisión), que no tendrían nada que esconder ni nada con la oposición, deberían cumplir el mandato de la Asamblea», manifestó Tupa. Ayza afirmó además que no está de acuerdo con la sentencia de tres años a Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa.
Puntos de vista
Luis E. Siles: ‘No están los causantes de este hecho’
«(El fallo) no corresponde a un juicio que haya tenido los requisitos mínimos de imparcialidad, no están los que llamaron a la guerra civil, deberían estar (Jaime) Solares, Felipe Quispe, muchos que convocaron a las armas. Proponemos que se organice una comisión internacional que investigue a profundidad los hechos». Vocero del MNR.
Juan Véliz: ‘Se juzga la conducta, no el cargo’
«Esta sentencia es injusta con mi persona y las Fuerzas Armadas, los hechos ocurridos el 2003 no fueron provocados ni planificados por la FFAA. Me condenan porque fui comandante del Ejército en el gobierno de Sánchez de Lozada, lo cual no es un delito, ni un tipo penal, porque se juzga la conducta humana y no el cargo». Sentenciado.
Ángel Irusta: ‘El Tribunal actuó con imparcialidad’
«Este Tribunal ha actuado con imparcialidad y dejando de lado cualquier presión, hemos actuado conforme a la Constitución y las leyes… la ley no establece que aquellos que salen a guardar el orden puedan hacer abuso de la autoridad, tienen direcciones y reglamentos y especialmente está el Código Penal, nadie puede matar». Ministro del Tribunal
Emiliana Ayza: ‘Tres años es muy poco tiempo’
«No estamos muy de acuerdo con que los acusados tengan sentencia corta, tres años es muy poco tiempo en relación al daño que hicieron al pueblo boliviano, pedimos que tengan por lo menos 30 años, pedimos una justicia digna para todos. Vamos a pedir este reclamo a través del Ministerio Público». Subjefa bancada MAS
