«Tenemos que tener la prueba», aseguró el vocal del TSE, Ramiro Paredes. Agregó que toda denuncia debe ser acompañada de la respectiva documentación y evidencia. «Siempre hay un debido proceso, tenemos un procedimiento y eso se tiene que respetar», argumentó la autoridad.
El miércoles, el Movimiento Sin Miedo (MSM) denunció la circulación de afiches, calendarios pertenecientes a candidatos judiciales de Potosí y Cochabamba; además de faxes que serían enviados desde la Cámara de Diputados para apoyar a postulantes en los nueve departamentos.
El exaliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del presidente Evo Morales, Juan del Granado, señaló que al menos tres aspirantes judiciales estarían incurriendo en delitos electorales consignados en la Ley del Régimen Electoral, que fue aprobada en junio del 2010.
El director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Juan Carlos Pinto, en la misma línea que Paredes, puntualizó que el TSE no actúa de oficio y que la vigilancia de campañas en las calles debe ser ejercida por el control social.
«Transgresiones que van más allá, que están en la calle y son objeto de campaña, son parte del control social que el propio reglamento (de campañas) le otorga a la sociedad y a los candidatos para que hagan la denuncia junto a la prueba que respalde la misma», afirmó el exdelegado presidencial en la Asamblea Constituyente.
El TSE convocó para el 16 de octubre a elecciones para 56 cargos judiciales; 116 candidatos están habilitados para esos comicios.
Afinidad. El miércoles, Del Granado cuestionó al Órgano Electoral, lo tildó de afín al Gobierno y a Evo Morales. «Estamos convencidos de que el TSE está absolutamente parcializado con el Gobierno, con los candidatos del MAS y con el partido de gobierno». Paredes respondió que son opiniones y que, como tal, «se respetan».
Hasta el miércoles, el TSE tenía nueve denuncias por evaluar. Paredes advirtió que la Sala Plena rechazó siete de ellas por no tener prueba alguna y que, hasta la próxima semana, se considerará las otras dos.
Pinto reconoció la complejidad de comprobar las denuncias contra postulantes, por el hecho de que es difícil demostrar que el candidato o candidata es el autor directo de tarjetas, folletos o calendarios. «También se puede optar por denunciar ante el Ministerio Público», añadió.
El diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro aseveró que le corresponde al TSE vigilar que las elecciones se efectúen en el marco de la ley y no así al Ministerio Público. En julio, el MSM presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra los vocales del TSE por incumplimiento de deberes, cuya sanción, según el Código Penal, es de uno a cuatro años de cárcel.
En respuesta, en agosto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) denunció ante la Fiscalía al Jefe del MSM por promover el voto nulo en las elecciones judiciales. Mientras tanto, el jefe nacional de UN, Samuel Doria Medina, empezó la campaña por el voto nulo la semana pasada. Aseguró desconfiar del TSE por su afinidad con el Gobierno.
Evalúan un sistema de monitoreo
El director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Juan Carlos Pinto, adelantó ayer que esa institución evalúa proceder a la contratación de empresas unipersonales, como alternativas para el control de las campañas electorales vía medios de comunicación.
Descartan votación múltiple
El ingreso de dos o tres personas en un mismo recinto electoral para evitar la demora en la votación fue descartada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según explicó ayer el director del Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), Juan Carlos Pinto. Explicó que se trató de una propuesta que luego de un análisis, fue desechada totalmente.
Cerca de 60 observadores vigilarán los comicios
El representante de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, Enrique Reyna, ratificó ayer que alrededor de 60 observadores internacionales arribarán al país días antes del 16 de octubre para presenciar las elecciones judiciales.
«Se espera que arriben al menos 60 observadores internacionales que conformarán toda la legión de la OEA y se espera una distribución geográfica en los nueve departamentos del país», argumentó Reyna, quien participó como observador durante la preselección de los candidatos a las elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa, entre mayo y julio de este año.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó para el 16 de octubre los comicios para elegir a 56 representantes judiciales en los cargos del Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Supremo de Justicia.
El jefe de la misión de observadores de la OEA que llegará a Bolivia es el exgobernante de Panamá, Martín Torrijos, quien en agosto se reunió con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando.
En esa oportunidad, Torrijos también se reunió con líderes de la oposición, como el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, para escuchar las denuncias de irregularidades sobre el proceso de preselección de postulantes.
Ayer, Reyna explicó que dependiendo del interés de algunas zonas rurales, se enviarán observadores a lugares alejados. «Obviamente el número de observadores no es tan extenso como otras ocasiones y esto limitará poder ver lo que ocurre en el todo el país», sostuvo.
El representante explicó que, tras las elecciones, la OEA elaborará su informe final sobre los comicios desde el proceso de preselección de candidatos que incluye las etapas de presentación de documentos, entrevistas y, finalmente, la selección efectuada en la Asamblea Legislativa el 16 de julio.
