Fernández ahora es acusado de emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la firma de un contrato para la construcción de desembarcaderos y por el referéndum autonómico realizado en Pando. El juez Roca pidió la detención del exprefecto por el primer caso y el pago de una fianza de Bs 50 mil por el segundo.
En los próximos tres días, Fernández iba a cumplir tres años de detención preventiva por el caso Porvenir, por la muerte de 13 personas. Las leyes vigentes permiten al exprefecto de Pando defenderse en libertad, tras cumplirse el plazo y no tener una sentencia.
El abogado defensor de Fernández, Carlos Brito, calificó de un abuso la determinación del juez Roca y aseguró que el magistrado estuvo presionado, aunque no reveló por quién.
«En el tema de los (contratos para los) desembarcaderos ya hubo un rechazo a esta denuncia que está firmado por el Fiscal General de la República y en la reapertura que se dispuso, para que se llegue a investigar este caso nuevamente, no está involucrado Leopoldo Fernández. Sin embargo, y en este defecto procesal, se dictó la imputación y la medida extrema de la detención preventiva (en San Pedro)», denunció Brito.
«El juez no consideró esto, que es una vulneración a los derechos, y ha dispuesto que siga la audiencia como sea», agregó el abogado defensor.
Pamela Fernández, hija del exprefecto de Pando, protestó y señaló que hicieron aparecer dos nuevos casos con la intención de aplicarle medidas sustitutivas y evitar que recupere su libertad. «Es tremendo, a tres días de cumplir el plazo, tener una acción de estas desesperadas, es una muestra clara de que todo es político y todo está manejado», sostuvo.
Brito anunció que interpondrán recursos de apelación para los dos casos contra Fernández, quien, agregó, debe seguir en Chonchocoro hasta que definan entre el Tribunal de Sentencia del caso Porvenir y el juez cautelar.
