La autoridad consideró que el Gobierno cometió un error al haber contratado la construcción del tramo carretero sin previa consulta a los sectores interesados, como los indígenas.
«Evidentemente, desde un punto de vista jurídico no está dentro de la normativa, porque el mismo texto constitucional establece la consulta previa. Al haberse firmado un documento de esta naturaleza se aparta de la constitucionalidad, y creemos que esto debe ser reconocido como un error y desde luego pensamos que debe ser enmendado tan pronto sea posible, porque éste es un tema que está entrampando las relaciones y creando una situación de incertidumbre», expresó.
La Asamblea Legislativa sancionó en mayo el contrato de préstamo por 332 millones de dólares entre el Estado de Bolivia y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) de Brasil, para la construcción de esta carretera que tiene tres tramos, entre ellos el que pasa por el parque nacional.
El presidente Evo Morales anunció el sábado la puesta en marcha de la consulta previa para la construcción de la obra de infraestructura vial, que es cuestionada por sectores indígenas que marchan hacia La Paz.
El Defensor también sugirió que el contrato de crédito con Brasil sea de público conocimiento. «Si ese contrato da la posibilidad de que se pueda revertir el tramo II de la carretera sería loable, y pensamos que otra vía sería un elemento para solucionar este tema», explicó, según ANF.
Los indígenas movilizados se oponían inicialmente al tramo II de la carretera, porque atravesaría el corazón del TIPNIS. En el curso de la marcha rumbo a La Paz, desde Trinidad, ampliaron sus demandas a 16 puntos, entre ellas el rechazo al trazo total de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
