El vicecanciller Juan Carlos Alurralde informó que el planteamiento fue hecho en el marco de la reunión del «Grupo Especial sobre Libre Tránsito», que se realizó en La Paz, la semana pasada. Del 100 por ciento de movimiento de carga en Arica, el 82 corresponde al tránsito desde y hacia Bolivia.
Teniendo en cuenta esta situación, además de la intención privada de incrementar el costo del movimiento de carga, se planteó la administración boliviana del embarcadero. «Escucharon con atención y anotaron el requerimiento para consultarlo en las esferas competentes».
La empresa Terminal Puerto Arica (TPA) administra el puerto. El 2010 propuso el aumento de las tarifas en porcentajes que llegan hasta el 109 por ciento, es decir, de 26 a 54,3 dólares por tonelada de carga.
Alurralde anunció que asumirán acciones porque el accionar de la TPA afecta los intereses nacionales y sólo pretende privilegios económicos. «Eso significa que debería anularse la concesión del puerto de Arica a la TPA, por lo que deberían buscarse medidas para lograr una conciliación, como se hace en cualquier concesión que es anulada», expuso Alurralde.
La directora de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASPB), Marianela Prado, por su parte, acusó a la concesionaria del puerto de Arica de «imponer a su gusto» las tarifas desde el 2004, en desmedro de los intereses del empresariado boliviano.
«Desde ese momento, la República de Chile transgrede el Tratado de 1904, y le pasa su responsabilidad histórica de compensación (a Bolivia) a un monopolio privado que el Estado boliviano no reconoce», cuestionó.
Tránsito. El Tratado de 1904, firmado entre La Paz y Santiago, establece en el artículo VI que «la República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico».
Asimismo, el artículo VII refiere que «la República de Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio (…)».
Producto de la concesión a la TPA el 2004, Bolivia perdió ventajas para el movimiento de cargas. Además, se eliminó la jurisdicción del Estado boliviano establecida en el Tratado de 1904 y los convenios de 1912 y 1937, sobre la potestad de Bolivia en el transporte de carga.
Prada explicó que las restricciones a la carga boliviana se dan en la normativa, en el movimiento de carga en el puerto y en temas de vialidad y seguridad que se imponen por parte del Gobierno chileno y que no son consensuadas con Bolivia.
La carga boliviana a julio del 2011 llegó a 1.006.546 toneladas, lo cual representó un crecimiento del 22 por ciento respecto a julio del 2010, tiempo en el que se movilizó 828.216 toneladas, de acuerdo con informes de la Empresa Portuaria de Arica.
La CNI propuso, mediante un comunicado, tres soluciones al tema portuario en Arica: reactivar el Sistema Integrado de Tránsito (SIT), realizar estudios para habilitar puertos alternativos a Arica e impulsar la creación de puertos secos en Bolivia.
El sector denunció que «la TPA modificó de manera unilateral las tarifas para el carguío de contenedores (…) y fijó un tarifario relacionado por tiempo de permanencia de los contenedores en el puerto, lo cual constituye una transgresión al Tratado de 1904».
El canciller David Choquehuanca denunció en varias oportunidades que Chile vulnera el Tratado de 1904, que fijó los límites tras la Guerra del Pacífico, en lo relativo al libre tránsito que debe garantizar a favor de Bolivia.
TPA genera hasta $us 26 MM año
De acuerdo con datos de la Terminal Puerto Arica (TPA), el 2010 generó ingresos por 26 millones de dólares y obtuvo utilidades por tres millones. Entre los perjuicios al sector exportador, está la penalización de 100 dólares para contenedores que permanezcan 12 días o más en puerto. Antes, la tarifa única era de $us 33. Con ello no se cumple el Tratado de 1904, que señala que un contenedor puede permanecer hasta un año sin pago alguno.
Ambos países hablan de reactivar el tema Silala
En la última reunión técnica boliviano-chilena, el gobierno de Evo Morales planteó reactivar el diálogo sobre el diferendo en torno a los manantiales del Silala, informó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde. «Se ha hecho una nueva propuesta de agenda de trabajo permanente en el tema del Silala», informó la autoridad.
Bolivia reivindica la propiedad de las aguas del Silala, que son utilizadas por Chile bajo el criterio de que son aguas de curso internacional. Ambos países iniciaron una negociación y llegaron a un preacuerdo a través del cual Santiago aceptó pagar por el 50 por ciento del recurso que utiliza hasta tanto se defina la propiedad del restante porcentaje.
Potosí, departamento en el que se encuentra el recurso hídrico, exige el pago de la deuda histórica. Éste es uno de los temas centrales que hacen al diálogo boliviano-chileno sobre el Silala.
La Haya aceptó nota sobre el mar
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde informó que la Corte de Justicia de La Haya aceptó y no rechazó la nota diplomática que envió Bolivia el 8 de julio, en la que expresa que La Paz tiene intereses en los territorios que son objeto del litigio entre Chile y Perú.
La aclaración surgió luego de que el senador chileno Eugenio Tuma, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, afirmara el 17 de septiembre que la Corte de La Haya «desestimó» la nota diplomática que entregó el titular de la Dirección de Reivindicación Marítima, Rubén Saavedra.
«Es absolutamente falso que La Haya rechazara la nota diplomática. Bolivia está precautelando (sus intereses sobre) una futura acción que podría tomar la Corte (de Justicia de La Haya). Además, eso significa que se remitió las notas a los gobiernos de Chile y Perú», explicó Alurralde.
La autoridad acotó que Perú y Chile no pueden «desconocer» el documento debido a que, insistió, La Haya aceptó la nota boliviana. Expresó que el documento no solicita la intervención de Bolivia en el litigio marítimo entre Lima y Santiago. Es más, aseveró, el gobierno de Evo Morales «pide a la Corte no ser considerada como una tercera parte del juicio».
En el texto, el Gobierno boliviano menciona el encuentro de Charaña de 1975 —en el que Chile se abrió a ceder un corredor con soberanía a cambio de una concesión territorial— y la agenda de 13 puntos, iniciada entre el mandatario Evo Morales y la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
En Santiago, según publicó La Tercera el 12 de julio, autoridades chilenas afirman que en la nota boliviana se acusa a Chile de negarse a otorgar una salida al mar.
