El pleno de la Cámara de Diputados, tras un debate de más de seis horas, aprobó anoche el proyecto de ley que modifica la ley 222 de consulta previa a los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El proyecto, que ahora pasa a la Cámara de Senadores, establece la ampliación del plazo de la consulta de 120 a 210 días, a pedido del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organizaciones de Naciones Unidas, que pidió al Órgano Ejecutivo crear un ambiente de confianza con los indígenas del TIPNIS.
El artículo único de este proyecto modificatorio señala: «Artículo 8 (Plazo). La consulta previa, libre e informada se realizará desde su inicio hasta su conclusión en el plazo máximo de hasta 210 días, a partir de la promulgación de la presente ley 222 del 10 de febrero del 2012».
Con ello, la consulta ya no deberá concluir el 10 de junio, como establecía la ley 222, sino deberá terminar el 10 de septiembre de este año. Ante esta determinación, la oposición criticó que esto es parte de una «estrategia» del gobierno para desestabilizar la IX marcha de los indígenas, razón por la cual, pidieron se anule la ley 222.
«Lo que en realidad debe hacerse es dejar sin efecto la ley 222 que es anticonstitucional, que está demanda por el Movimiento Sin Miedo ante el Tribunal Constitucional y que pretende simplemente ampliar los días de lo que va a ser una arremetida del gobierno nacional contra la novena marcha», manifestó la diputada Marcela Revollo del Movimiento sin Miedo (MSM).
Para el diputado Osney Martínez de Cionvergencia Nacional (CN) esta ampliación estaría dirigida simplemente a intensificar la «campaña» que realizó el gobierno en el TIPNIS, con la entrega de motores, antenas y otros artículos a los pueblos indígenas. «¿Será que al gobierno aún le falta convencer a los indígenas?», cuestinó.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Héctor Arce del Movimiento al Socialismo (MAS) señaló que esta es la «ley más constitucional» que se está aprobando en este ente camaral, dado que se está garantizando el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos que emprende el gobierno en su territorio.
