“El contrato (al que accedió La Razón) es un instrumento legal que se lo va a usar en la vía judicial, con un amparo constitucional, en caso de que expulsen a los cadetes”, afirmó la tutora de un cadete que está entre los 54 observados. “En ninguna parte de ese documento indica que ellos serán dados de baja por posibles irregularidades en el proceso de admisión. Ellos no tienen la culpa de las resoluciones que sacaron (los jefes policiales)”, acotó y pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
Según la denunciante, cada padre de familia firmó un contrato individual con el coronel Marco Ortuño, entonces director de la Academia Nacional de Policías (Anapol), que depende de la Unipol. La cláusula octava del mismo establece que el cadete sólo será separado de la institución por bajo rendimiento académico; por recurrir a medios fraudulentos en pruebas académicas; o cometer faltas graves, tipificadas en el Reglamento de Régimen Disciplinario de ese centro.
“Sólo por esos motivos se los puede sacar, según dice el contrato, no por otro tipo de situaciones ajenas a ellos; éste es un instrumento legal que el Ministerio de Gobierno y las autoridades policiales deben respetar”, defendió la fuente entrevistada. Otro padre de familia explicó a este diario que otros tutores optarán por este recurso y que, incluso, se agrupan entre tres o cuatro, para tomar los servicios de abogados, quienes deberán elaborar la futura demanda judicial.
No obstante, otros progenitores anunciaron, ayer, que tomarán medidas radicales como inmolarse, si es que sus hijos son retirados de la Anapol. Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que respeta esa decisión, pero que no dará marcha atrás en la determinación de dejar sin efecto el polémico “plan piloto”.
Caso. El 8 de abril, tras conocerse denuncias sobre presuntas anomalías en la admisión de cadetes a la Unipol, en el marco del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”, Romero ordenó suspender el plan para “evitar susceptibilidades” y que “consecuentemente, esas personas ya no puedan pasar clases en la Anapol”.
Sin embargo, hasta el pasado martes, la orden no fue cumplida por las autoridades policiales; hecho que el ministro calificó como “desacato”. Un día después, la autoridad dio un ultimátum para que se cumpla esa disposición y advirtió con recurrir a acciones legales correspondientes.
A principios de este mes, el Ministerio Público imputó a Ortuño y al coronel José Piérola, rector de la Universidad Policial (Unipol), por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, y uso indebido de influencias en el caso.
Según las investigaciones de la Fiscalía, ambos jefes policiales avalaron una resolución irregular para beneficiar a 54 bachilleres. Las investigaciones evidencian que ninguno de ellos es intercultural y que casi la mitad reprobó las pruebas de admisión, mientras otros fueron dados de baja. Además se denunció que algunos tienen parentesco con actuales autoridades de gobierno y con funcionarios públicos, tal el caso del hijo de un vocal del Tribunal de Justicia de La Paz.
Investigan el caso
Medida
El Ministerio de Transparencia presentó una querella ante la Fiscalía. Se aprehendió a los coroneles José Piérola y Marco Ortuño.
Proceso
Ambos implicaron al general Jorge Santiesteban, comandante de la Policía, quien debe comparecer.
Romero pasa el caso al área jurídica
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dispuso que la Dirección Jurídica de su despacho haga el seguimiento al retiro de los 54 jóvenes interculturales de la Universidad Policial (Unipol) y anunció que en caso de que se les haya cobrado algún monto, éste debe ser devuelto.
“Si han hecho algún pago administrativo, se les tiene que restituir”, sostuvo la autoridad. Aseguró que por las presuntas irregularidades en la admisión a la Unipol, los 54 postulantes no pueden seguir en la institución, por lo que no se permitirá presiones como la supuesta intención de algunos familiares de inmolarse si sus hijos son retirados.
“Si alguien quiere inmolarse para no estar de brazos cruzados, pues ni modo, respetaremos su decisión. Pero no nos pueden obligar a aplicar algo que está viciado de irregularidades, de denuncias, de observaciones (…) por más que alguien venga a amenazarnos”, dijo en conferencia de prensa.
Por cuarta vez, reiteró su instrucción de alejar a esos jóvenes de la Unipol y dijo que esta vez envió la nota por escrito. El plan piloto que dio paso al ingreso de los 54 postulantes no va y no pueden cursar ningún tipo de actividad académica en la Unipol, adujo.
También recordó que el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, en atención a su instrucción, remitió una nota escrita a la Unipol para expulsar a los cadetes observados. “Yo precisamente he estado viendo con la Dirección Jurídica para que puedan ellos monitorear esta situación, y en caso de que no se cumpla ese instructivo, pues vamos a aplicar el procedimiento que corresponda”, acotó.
Prevén cumplir la expulsión la próxima semana
La Dirección de la Academia Nacional de Policías (Anapol) informó ayer que ya se da cumplimiento a la instrucción del Ministerio de Gobierno, que pide dejar sin efecto el ingreso de los 54 postulantes interculturales a ese centro, tarea que se concretaría la próxima semana.
“Toda instrucción superior, como caracteriza a una entidad uniformada, se está cumpliendo. Únicamente se está operativizando estas instrucciones por el Comando (General de la Policía) y el ministro (de Gobierno, Carlos Romero), de tal forma que no se vulneren los derechos de los estudiantes”, afirmó el coronel Augusto Angulo, director de la Unipol, en entrevista con ATB. La autoridad académica no se refirió a una fecha específica; sin embargo, aseguró que “esas instrucciones van a ser conocidas a través de los medios de comunicación, por la Unipol”. Entretanto, los cadetes “observados” continúan pasando clases.
Investigación. El alejamiento de los bachilleres interculturales fue dispuesto por el ministro Romero en cuanto se conocieron las denuncias de irregularidades en el proceso de ingreso, pues se dijo que algunos habían pagado incluso $us 5.000 para ser alumno de ese centro de enseñanza.
Ayer, el fiscal Marco Rodríguez, de la comisión que investiga el caso, confirmó la reanudación de la toma de declaraciones a testigos y aseguró que desde la próxima semana se hará lo propio con los investigados. Se espera la versión del general Jorge Santiesteban, del Ministro de Trabajo y de un vocal del Tribunal Departamental de Justicia. Para hoy se espera a dos jefes policiales.
