Al menos cuatro contratos de compra-venta, a los que tuvo acceso La Razón, develan que desde 1997 hubo comercio de madera mara al interior del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por parte de dirigentes que hoy participan de la IX marcha indígena.
En los documentos figuran los nombres de Fernando Vargas, presidente de la Subcentral TIPNIS; Emilio Nossa, Jouci Fabricano y otros dirigentes, además de Roberto Noza, expresidente del TIPNIS en 1997, quien no participa en la actual movilización. Vargas aseguró que el contrato en el que figura su nombre es falso, ya que no está la firma de ningún representante de la Compañía Industrial Maderera y Agropecuaria (Cimagro Ltda.), entidad que hizo las compras.
Empero, admitió que los otros dirigentes sí vendieron la madera, pero bajo planes de manejo avalados por el gobierno de entonces y que el dinero iba en beneficio de la población, porque eran troncas confiscadas a “pirateros” dedicados al desmonte ilegal. Reconoció que la venta de madera del TIPNIS concluyó definitivamente en 2011, cuando se dejó de aplicar los planes de manejo forestal.
Postura. “Conozco ese supuesto contrato donde está mi nombre y lo rechazo enfáticamente porque ahí no está la firma del comprador. Como no lo he hecho (vender madera), no voy a asumir una responsabilidad que no es mía. Los otros dirigentes lo hicieron, pero dentro de un plan de manejo que aprobó el gobierno, entonces hubo autorización. No fue ilegal”, señaló Vargas.
Según el “documento privado” del 28 de agosto de 1997, Vargas vendió 100 árboles de madera mara, cada uno a 140 dólares. En otro contrato, de 20 de noviembre de 1996, figura Roberto Noza como vendedor de 600 árboles, a $us 200 por pieza. Un tercer acuerdo, por 300 árboles, a $us 140 la unidad, fue suscrito por Jouci Fabricano el 11 de junio de 1997, y el último data del 10 de noviembre de ese año, donde figura la venta de 200 árboles por parte de Emilio Nossa y Remberto Mobo.
En tanto, una fuente afín a Cimagro ratificó que sí se compró madera a dirigentes del TIPNIS, pero que la actividad decayó en 1997, al entrar en vigor la Ley Forestal. Por ese motivo —dijo— la sucursal del Beni, en la que se concretó la firma de los contratos, cerró dos años después.
“Se compró árboles que han decomisado a terceras personas; el precio oscilaba entre los 140 y 200 dólares, según la calidad. Se hizo contratos con antiguos dirigentes, pero, según recuerdo, nunca con Fernando Vargas. De 1999 para adelante ya no hubo ningún convenio (con dirigentes), pero luego ellos vendieron a otras empresas”, señaló.
Algunos detalles del hecho
Denuncia
En abril, dirigentes del Comité de Defensa por los Intereses y Desarrollo de Moxos (Codemox), denunciaron a Fernando Vargas de realizar “tala indiscriminada” en esa región oriental.
Apoyo
El diputado Pedro Nuni aseguró que Vargas deberá aclarar en su momento esa denuncia, aunque señaló que se trata de una “estrategia” que usa el Gobierno para dividir a los indígenas.
Explotación de la mara
Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la mara en el TIPNIS es una especie de categoría 2. Es decir, se puede explotar pero bajo planes de reforestación inmediata para que no desaparezca. Ambientalistas como la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) aseguran que se trata de una madera en peligro de extinción en las áreas protegidas. Ninguna cláusula de los contratos firmados entre dirigentes del TIPNIS y Cimagro contempla la reforestación.
Por su parte, Fernando Vargas aseguró que en ningún momento se explotó madera del TIPNIS y que sólo se vendía troncos confiscados. Agregó que desde 2008 se dejó de aplicar planes de manejo forestal y que dos años después se paralizó por completo la venta de madera mara. La Razón busco un informe oficial de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), a cargo de Clíver Rocha, pero el funcionario dijo no poder atender la solicitud.
