La diputada del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, admitió esta mañana el financiamiento de ese partido político a la novena marcha convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), acción que fue repudiada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que denunció un intento de desestabilización de la democracia en Bolivia.
En conferencia de prensa, Revollo se refirió a la denuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que testimonió con una grabación el apoyo económico por parte de la diputada, para esa movilización
«¿De qué financiamiento está hablando el ministro Romero?, está hablando del financiamiento de estas tarjetas, producidas, diseñadas en coordinación con la CPEMB (Central de los Pueblos Étnicos Mojeños del Beni) y un conjunto de ciudadanos que están distribuyendo en todo el país y que por cinco bolivianos hace posible llevar a la marcha, agua, pañales, leche para los niños, medicamentos de eso habla Carlos Romero, de este financiamiento de supuesta desestabilización», argumentó.
Sostuvo que los recursos de la venta de esas tarjetas serán destinados a dar el «auxilio humanitario elemental» a la columna de la novena marcha que partió de Trinidad rumbo a La Paz.
Revollo anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Publico contra Romero para que «explique cómo consiguió esa grabación».
«Cómo justifica la violación a varios artículos del Código Penal, así como la violación a la Constitución Política del Estado», agregó.
En contraposición, el jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Rojas, manifestó el «repudio» de los legisladores del partido oficialista a la actitud del MSM.
«Repudiamos que a través de la diputada Revollo el MSM ha realizado el financiamiento a lo que es la marcha a los indígenas del TIPNIS. Es totalmente repudiable por todos los bolivianos porque se está queriendo desestabilizar la democracia de nuestro país», reprochó.
A su juicio, esa acción es «antidemocrática y antipatriótica» proveniente de un partido «oportunista y servil» a las transnacionales y al imperialismo para desestabilizar el Gobierno.
«De ninguna manera nosotros como Bancada Nacional, conjuntamente con todas las organizaciones sociales de nuestro país vamos a permitir la desestabilización», dijo.
El legislador rechazó la «politización» de la novena marcha que desvirtúa la legitimidad de las demandas de los indígenas.
«La diputada ha admitido que está conspirando en contra de nuestro país y eso no se puede permitir. Los indígenas tienen todo el derecho de marchar, es legítima la marcha pero no se puede permitir politizar el sentimiento de los hermanos indígenas», aseveró.
La Cidob convocó a la novena marcha con la consigna de la protección de los territorios indígenas, la biodiversidad, el respeto a la Ley Corta de protección al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la derogatoria a la Ley de Consulta a los habitantes de ese parque nacional.
Los dirigentes de la Cidob decidieron seguir con la movilización a pesar del anuncio del Ejecutivo de anular el contrato con la brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, decisión que paralizará por tiempo indefinido ese proyecto, demandado por otros sectores como una necesidad estratégica de integración.
