El martes, el ministro Romero entregó a los medios una grabación en la que se revela que tres personas, entre ellas Revollo, conversan en un ambiente cerrado mientras reciben llamadas de supuestos dirigentes indígenas. Con ese argumento, la autoridad acusó al MSM de financiar la marcha.
“Estoy presentando una denuncia, (una) querella contra Carlos Romero, para que ante el Ministerio Público dé la cara y explique cómo consiguió la grabación en mi oficina parlamentaria, cómo justifica la violación a varios delitos”, denunció Revollo.
Ayer, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aseguró que la grabación llegó de forma anónima a la cartera de Gobierno. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, detalló.
En la grabación, la asambleísta conversa con un dirigente llamado Emilio, a quien le pide datos de otra persona para depositar una suma de dinero. Después, pide a su personal que la comunique con el diputado indígena Pedro Nuni (cuadro adjunto).
En la conferencia de prensa de ayer, Revollo afirmó que el Ministerio de Gobierno, mediante la instalación de micrófonos, grabadoras o agentes de inteligencia, buscaría intimidar la acción de fiscalización de los legisladores que no comparten la política del partido en función de gobierno. “No se trata de un pinchazo telefónico, se trata de una grabación o la instalación de micrófonos en mi oficina que tengo en la plaza España. No es en el Parlamento”, explicó Revollo.
Dinero. La legisladora admitió que su partido aporta económicamente a la IX marcha indígena. Explicó que recauda dinero a través de la venta de tarjetas que rinden homenaje a la movilización del año pasado. “Por supuesto que sí”, respondió Revollo cuando Erbol le consultó si mandaba dinero a la movilización indígena. El monto recaudado, explicó, es para comprar pañales, leche, agua y otros elementos para la movilización indígena.
Dijo que el costo de cada tarjeta es de cinco bolivianos y hasta la fecha logró recolectar Bs 3.000. Además, aseveró que el MSM respalda públicamente la IX marcha.
Con respecto a la denuncia de Romero, la presidenta del comité de marcha del TIPNIS, Bertha Bejarano, en Puerto San Borja dijo a La Razón que no conoce a Revollo y que la IX marcha “se financia con aportes solidarios. Esto es parte de la campaña que hace el Gobierno para denigrar a la marcha, igual que el año pasado”.
Por su lado, en el canal Gigavisión, el dirigente Lázaro Tacoó reconoció que la diputada le enviaba ayuda pero que esto lo hacía “a título personal”. Para Romero, la grabación devela “una estrategia política” de financiamiento de la marcha. Para Revollo, el Gobierno aplica un plan de persecución política contra quienes apoyan la movilización que rechaza la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Advierte más casos
Críticas
La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo advirtió que no sólo políticos de oposición sufrirán actos de persecución política, sino también dirigentes indígenas. “Esto se parece a la época de la dictadura”, dijo la asambleísta opositora.
Grabación, una parte
Marcela Revollo.- (Recibe llamada telefónica) Debe ser justo del TIPNIS. Yosin (Fabricano) ¿cómo estás? (se corta la llamada). Le llamaré, están en la calle pero éstos, la otra cosa es que necesito que me ayudes a vender más tarjetas.
Hombre.- ¿Tarjetas de?
M.R.- Yesenia mostrale por favor al… el
H.- Las tarjetas…
M.R.- Formulario… mostrale las tarjetas.
H.- Ya.
M.R.- (Devuelve la llamada) ¡Hola Yosin! Cóm… ¿Aló?… ¿Aló? ¿Con quién hablo? (…) Cómo está compañero Emilio; cómo le ha ido, hemos visto por la televisión todo lo que está pasando. Yosin me decía que necesitan recursos, ¿no? Yo necesito que por internet me manden el nombre, apellido y carnet de identidad para que yo pueda depositarle en una agencia de banco, sólo alguna entidad para que usted lo recoja. (…) no importa si no tiene cuenta, sólo necesito nombre, apellido y carnet de identidad con el que usted, o la persona que va a recoger, vaya y recoja. No necesita tener cuenta. (…) Para ahora mismo si puede (…) es nombre y apellido así como está escrito en el carnet de identidad ¿no es cierto? Los dos nombres más los dos apellidos como está escrito en el carnet, más el número y dónde ha sido emitido, (…) sí, Yosin sabe, ya sabe cómo nos organizamos (…) y me dicen más o menos cuánto necesitan; no sé, algo que nos permita mantener unos días y luego les volvemos a enviar, (…) Ya, gracias, hasta luego (…) por favor, ya de acuerdo, de acuerdo gracias. (Fin de la llamada).
M.R.- Que me comuniquen con Pedro Nuni por favor, ¿qué hacemos, qué te parece?
H.- No sé… (…) Veré esta tarde con qué acomodaré primero y luego le pido en función de eso.
Fiscal pide medidas sustitutivas para Farfán
El Ministerio Público informó que está a la espera de que el juez señale día y hora para la audiencia cautelar del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, quien fue imputado por la represión policial a los marchistas del TIPNIS ocurrida el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina.
Empero, en la imputación “se solicitó al juez cautelar la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva”, dijo la fiscal Patricia Santos, quien explicó que es lo que corresponde en aplicación del Artículo 240 del Código de Procedimiento Penal.
El cargo por el que ha sido imputado Farfán es incumplimiento de deberes. “En su condición de viceministro y delegado de Sacha Llorenti (entonces ministro de Gobierno), asumió conocimiento de que se estaba procediendo a la intervención”, añadió Santos.
La fiscal, apoyada en las declaraciones de Farfán, dijo que la exautoridad fue informada de la intervención a la marcha, pero no fue al lugar de los hechos, sino a su hotel, y demoró casi una hora en llegar al punto de conflicto. Allí “vio el abuso policial y no lo frenó, pese a que era la autoridad en el sector y tenía una contraorden para no intervenir la marcha”.
El hecho se vivió el 25 de septiembre de 2011, en Chaparina, un día después de que un grupo de marchistas tomara presuntamente como rehén al canciller David Choquehuanca a fin de romper el cerco policial en Yucumo, Beni.
Este hecho también es investigado por la Fiscalía, así como las presuntas irregularidades del contrato con OAS, refirió el fiscal José Ponce, que analiza tomar declaraciones a personeros de esa firma en Brasil. Por ser un proceso acumulado, el caso OAS va ligado a la represión de los indígenas y a la imputación de Farfán. Éste amplía el tiempo de las investigaciones.
