La Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) reveló que hasta el año pasado, 13 dirigentes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y del Consejo Indígena del Sur (Conisur) vendieron madera a tres empresas en esa región.
Esas transacciones contaban con planes de manejo forestal avalados por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), además de la Superintendencia Forestal, sin embargo, según la Ademaf, la dirigencia indígena en ningún momento rindió cuentas al Estado.
Por tanto, se desconoce la cantidad de madera comercializada, procedente de las 100.569 hectáreas que se adjudicaron las empresas Suri, Huanca Rodríguez e Isigo SRL. Las firmas adquirieron de los indígenas sobre todo madera mara, pese a que se trata de una especie que está en peligro de extinción. El informe oficial da cuenta de que los 13 dirigentes, de los cuales varios participan hoy en la IX marcha, firmaron contratos con las madereras (ver infografía).
Según documentos a los que accedió La Razón, la actividad se frenó tras la promulgación de la Ley 180 de Protección del TIPNIS, que además determina la intangibilidad de esa región. En noviembre de 2011, la ABT emitió una resolución en la que conminó a las tres empresas a salir del TIPNIS, luego de la cancelación de sus licencias.
Sobre el tema, la presidenta del comité de marcha del TIPNIS, Bertha Bejarano, se limitó a argumentar que las ventas de madera eran legales y que “se hicieron con planes de manejo”. Este medio también buscó la opinión de Gumercindo Pradel, dirigente del Conisur, pero éste no contestó su teléfono celular.
El miércoles, La Razón informó sobre cuatro contratos de compra-venta, que datan de 1996 y 1997, que vinculan a dirigentes del TIPNIS, entre ellos a su actual presidente, Fernando Vargas. Señaló que el documento en el que figura su nombre es falso, pero admitió que sus compañeros sí vendieron madera, aunque bajo planes de manejo forestal.
Al respecto, la Ademaf, según datos de la ABT, dio cuenta de que desde 1997, al entrar en vigor la Ley Forestal, se comenzó a elaborar esos planes y que antes no existía “ningún tipo de control sobre la explotación y comercio” en ese parque nacional.
El argumento de las autoridades del TIPNIS, según los contratos, era que se trataba de madera confiscada a “pirateros”, terceras personas dedicadas a la tala ilegal de árboles en el parque. “Las empresas que compraron madera antes de la Ley Forestal lo hicieron sin planes de manejo forestal; la venta se hizo a empresas como Cimagro, Erbel y al aserradero Fátima, desde 1997 hasta principios de 2000”, indica textualmente el informe oficial.
Esas empresas desaparecieron o se fusionaron con otras. En cambio las firmas Suri, Huanca Rodríguez e Isigo SRL, que son las más grandes, corresponden a una última fase de explotación de madera en el TIPNIS, las que ya no funcionan en el lugar.
Hecho. Según Ademaf, con datos de la ABT, antes de la norma forestal existían “planes de extracción” y se solicitaban permisos estatales, pero no existía un control de la cantidad de madera que era objeto de venta. El año pasado, el entonces director de la Ademaf, hoy ministro de la Presidencia, Juan Ra- món Quintana, denunció una explotación indiscriminada de recursos naturales en el TIPNIS.
Asimismo, argumentó que las actividades se amparaban en el Plan Operativo Anual Forestal de algunas comunidades del Isiboro Sécure, que resignaban a empresarios privados sus derechos de aprovechamiento forestal, entre otros, en beneficio casi exclusivo de las empresas.
